Tijuana.- El servicio prehospitalario que por ley le corresponde garantizar a la Secretaría de Salud del estado, es librado en parte gracias al trabajo de organismos de la sociedad civil y voluntarios como Mario Montes Mora.
Él es un comerciante de mariscos, pero cada jueves de las 11:00 horas a la medianoche, y los sábados de las 15:00 horas al domingo a las 18:00 horas, su única misión es auxiliar en las emergencias médicas que surjan en la ciudad junto a los voluntarios de “Rescate Medik 2000 AC”.
En coordinación con la Cruz Roja y con el servicio del 911, “Rescate Medik 2000” atiende un promedio de 100 servicios semanales, que van desde atenciones en choques, personas baleadas, apuñaladas o hipoglucemias, pacientes hipertensos y con ataques al corazón, entre otros tantos.
“Es muy bonito llegar, estabilizar al paciente, darle lo mejor. Tenemos equipo avanzado y es muy gratificante que las personas te den las gracias. Es bien bonito saber que a pesar de que hay pandemia, estamos ayudando y todavía tenemos el deseo y don”, expresó Montes Mora.
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La labor de organizaciones como Rescate Medik 2000 AC cobra mayor valor porque Baja California no cuenta con un sistema ni la infraestructura para atender emergencias médicas, contrario a lo que estipulan los artículos 11 y 19 de la Ley de Salud Pública del Estado.
“Corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Salud del Estado realizar las acciones que sean necesarias a fin de contar con ambulancias equipadas para trasladar a aquellas personas que requieran atención médica de urgencia y se encuentren en zonas marginadas. Estas ambulancias deberán de ubicarse en puntos estratégicos para una mejor cobertura y reducción de los tiempos de traslado”, dice la fracción 14 del artículo 11.
La realidad es que desde el 9 de noviembre de 2001 que la Ley de Salud Pública fue publicada en el Periódico Oficial, el Gobierno del Estado se ha apoyado en la Cruz Roja, en diversas asociaciones civiles y en los cuerpos de bomberos de los municipios para brindar esa atención médica prehospitalaria, ignorando su obligación de crear un sistema de emergencias propio, acorde a las necesidades de Baja California.
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Esta omisión por parte de la autoridades traería consecuencias para el gobierno estatal en caso de que una persona afectada por la falta del servicio interponga un juicio de amparo, según explica el presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, Ramón Rodríguez García.
Dice que con el derecho a la salud garantizado en la Constitución política nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el incumplimiento de la ley estatal le da a los ciudadanos esa posibilidad.
“De no respetar la autoridad responsable correspondiente la resolución protectora, podría ser acreedora de sanciones administrativas, penales y políticas”, puntualiza el experto.
“JUSTIFICAN LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA”
Eugenio Elorduy Walther, José Guadalupe Osuna Millán, Francisco Vega de Lamadrid y ahora Jaime Bonilla Valdez, han ocupado la silla del ejecutivo estatal desde 2001 a la fecha, y ninguno ha cumplido con lo que marca la Ley de Salud Pública para contar con un sistema de atención prehospitalaria.
La actual administración estatal será más corta que sus antecesoras panistas, pero a pocos meses de que concluya, el avance es prácticamente nulo.
Tan solo se ha logrado la instalación del Centro de Regulación de Urgencias Médicas (CRUM), pero este no cuenta con ambulancias, ni la infraestructura necesaria para ofrecer el servicio sin la necesidad de recurrir a terceros.
La justificación del secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, para no presentar mayores avances en la puesta en marcha del CRUM, fue la actual contingencia sanitaria, que inició apenas un par de meses después de que entrara en funciones el gobierno morenista.
“CRUM tiene que crecer, tenemos que tener la habilidad de tener propias ambulancias estatales, no nada más ambulancias terrestres, también aéreas (...) el tema de la pandemia nos vino a cambiar mucho, nos estamos apoyando con Cruz Roja, ambulancias privadas y al final de cuentas tenemos que sacar lo que es la atención prehospitalaria adelante”, manifestó.
Pérez Rico dice tener como modelo a seguir el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco.
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Tiene casi 22 años de existencia y según los datos del gobierno jalisciense, regula 17 mil pacientes, 80 mil servicios de ambulancias y realiza 150 traslados terrestres de alta especialidad.
Además, entre su equipo cuenta con 400 ambulancias y un helicóptero público.
“Allá (Jalisco) supera lo que son otras organizaciones prehospitalarias, eso es lo que queremos hacer aquí en Baja California. Lo estamos viendo. El primer paso es formar el CRUM, segundo paso es fortalecerlo con personal y al final de cuentas en forma gradual ir procurando ambulancias, tanto aéreas y terrestres”, expresó el secretario de salud.
Insistió que el tema de la atención prehospitalaria no había sido atendido por los gobiernos pasados, y por ahora, con una pandemia que atender, el reto luce más complejo.
“Son una serie de cosas que no se hicieron en gobierno anteriores y lo empezamos a hacer a pesar de estar cargando con la pandemia. La procuración de las ambulancias sería lo más costoso y la contratación del personal, es lo que analizamos según los municipios y las necesidades. Se tiene que ver cómo se mueve a los pacientes de sus casas o de accidentes hasta los hospitales, independientemente de qué seguridad social tengan”, subrayó el encargado de la salud pública en Baja California.
UN SERVICIO COSTOSO
En Tijuana, que concentra 51% de la población del estado según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es la Cruz Roja la encargada de brindar gran parte de los servicios prehospitalarios que demanda esta frontera.
Según cifras compartidas por la benemérita institución, en esta ciudad cuenta con 13 ambulancias; una unidad de rescate; una unidad de primera respuesta y una unidad de supervisión. Todo ello para una población de un millón 922 mil 523 habitantes.
La Cruz Roja Tijuana brindó el año pasado 41 mil 398 servicios, a un costo promedio de 896 pesos cada uno, y tan solo para cumplir con esta encomienda, la institución destinó 37 millones 86 mil 679 pesos.
La organización fundada en Suiza detalla que en México una ambulancia de modelo reciente tiene un costo aproximado de un millón 200 mil pesos, y una restaurada en Estados Unidos aproximadamente 600 mil pesos.
LA BÚSQUEDA DE RECURSOS PARA SUBSISTIR
Como director operativo de Rescate Medik 2000, Mario Montes Mora precisó que la organización cuenta con dos ambulancias y dos unidades de rescate.
De igual manera disponen de monitores cardíacos, glucómetros, quijadas de la vida, parches torácicos, torniquetes y otros elementos esenciales para la atención prehospitalaria.
“Somos voluntarios, vamos a servir con la frente en alto y con las ganas. De eso los demás se contagian con esa energía positiva y saben que hay esperanza para todos”, manifestó el también presidente de la Asociación de Grupos de Rescate de Tijuana.
Para financiar a esta organización, integrada por 12 personas, entre las que hay médicos, paramédicos y urgenciólogos, se organizan rifas, además de las aportaciones que hacen los mismos voluntarios de los recursos que obtienen en su trabajo cotidiano.
“Esto es de corazón y es un esfuerzo en conjunto, pero es muy caro este hobbie”, remarcó el comerciante.
