Luego de estar aprobado ante el pleno del congreso que se elabore el registro de deudores alimentarios, no hay voluntad por parte del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial para sacar la lista, manifestó Fernanda Olguin, activista y miembro del colectivo feminista Desérticas.
“Que si es el congreso que le falta terminar de armonizar, que si es al consejo de la judicatura que le falta presupuesto, así nos traen, ya vimos que es lo que falta, lo que falta es una voluntad política auténtica de querer salvar a nuestras infancias”, agregó.
Así mismo, mencionó que en Baja California sigue creciendo el índice de violencia familiar, así como el índice de madres autónomas, temas que al parecer a nadie le interesa, por lo cual los colectivos no se dan abasto por atender dichos casos.
“Este registro a nivel nacional se supone que se echa a andar en marzo, pero cómo va a empezar a andar si en el estado no existe en la práctica, como muchas leyes que son muy bonitas, muy buenas, pero no aterrizan, no son una realidad”, añadió.
En ese sentido, indicó que tal es el caso de las reformas acerca de la violencia vicaria, que actualmente está aprobada y publicada en el periodico oficial del estado, sin embargo, sigue sin incluirse en el código penal del estado vigente.
“En el inter seguimos teniendo mamás, que están viviendo violencia vicaria, que no les están pagando la pensión para sus hijos, creo que tenemos el derecho de estar molestas y seguir en la acción y es lo que estamos haciendo”, expresó.
Por último, Fernanda Olguín externó que al congreso le corresponde fijar los lineamientos de deudores alimentarios, sin embargo, no se necesita que se les diga a los deudores que están siendo omisos en dicha acción cuando es su obligación cumplir con la obligación alimentaria.