Para la actual administración estatal, la verificación vehicular, obligatoria en Baja California desde 2014, es una estrategia fallida y podría replantearse al vencer próximamente los contratos otorgados a los particulares que actualmente operan los “verificentros”.
Mario Escobedo Carignan, titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, reconoció que este programa ni siquiera abarca al 100% del padrón vehicular, cuando es requisito indispensable para renovar placas.
De acuerdo con el funcionario, el parque vehicular de Baja California está compuesto por 1 millón 600 mil vehículos y de éstos solo entre 300 mil ó 400 mil se presentan en los Centros de Verificación, eso sin contar a las unidades que transitan sin placas oficiales.
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“Por ejemplo, los autos ´chocolate´ si se verificaron en Estados Unidos el gobierno puede reconocer esa certificación, pero seguro estoy que el 99% no pasan por verificación y seguramente son unidades de alta contaminación”.
Con dichos antecedentes, Escobedo Carignan confirmó que el programa de verificación está bajo análisis y podría venir un replanteamiento de éste, ya que las concesiones que se entregaron a las empresas particulares a cargo de hacer la revisión están a punto de vencer.
“Entiendo que vencen el año que entra o están por vencer, se haría un análisis para ver si se va a reconcesionar, si es un tema que va a manejar el estado o qué es lo que más conviene”.
Escobedo Carignan reiteró que la estrategia falló tanto para el Estado como para los inversionistas.
Luego de una reforma aprobada en 2010, el Congreso del estado cedió al Poder Ejecutivo la responsabilidad de medir las emisiones de los vehículos a través de la verificación, responsabilidad que hasta ese entonces era de los ayuntamientos.
Tras varios días de mala calidad del aire, la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, externó la necesidad de que los municipios tengan “dientes” para poder actuar contra las unidades que circulan sin verificar las emisiones que generan.
Al respecto, el titular de Economía Sustentable y Turismo expresó que los gobiernos locales nunca “le entraron al tema” y prueba de ello es que actualmente no es motivo de multa transitar en un automóvil que no haya realizado dicho procedimiento.
