En el congreso del estado hay 2 iniciativas para implementar la revocación de mandato, sin embargo, en la iniciativa de Jaime Bonilla Valdez se otorga la facultad de iniciar procesos de revocación de mandato en contra de alcaldes y diputados locales, lo que se presta a “vendettas” políticas, informó Juan Manuel Molina García.

En su gira de trabajo por Ensenada realizada el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la revocación de mandato debe hacerse cada 3 años por mandato constitucional, ya que la gente no tiene que aguantar 6 años de malos gobiernos.

El también presidente de la mesa directiva de la XXIV Legislatura, comentó que sobre el tema, hay 2 iniciativas que provienen de la pasada Legislatura, una de ellas es por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdez y la otra por el ex diputado local sin partido, Miguel Ángel Bujanda.

Molina García comentó que en la comisión que él preside, la de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, hay un proyecto de dictamen, sin embargo, el diputado Sergio Moctezuma Martínez López de Morena, y Marco Antonio Blásquez Salinas, que no pertenece a la comisión, pidieron que no se analizara el asunto ese día, e incluso se sacó del orden del día.

Pero hasta el momento, los citados legisladores no han enviado alguna observación sobre el dictamen, ni han solicitado que se reincorpore al orden del día.

Comentó que en su iniciativa, Bonilla Valdez le concede la facultad de solicitar un proceso de revocación de mandato a sí mismo, o sea, al gobernador y a los diputados locales, sin que se requiera alguna recolección de firmas.

Es decir, en la iniciativa de Bonilla, el gobernador puede solicitar la revocación de mandato en contra de diputados locales y presidentes municipales.

Mientras que los diputados locales en lo individual, pueden solicitar esta misma revocación contra el gobernador, diputados locales y alcaldes, sin que se ocupen firmas.

También hay un apartado en el que el gobernador concede este derecho a los ciudadanos, que reúnan las firmas del 2.5 % del padrón electoral.

Molina García comentó que no está de acuerdo con la iniciativa de Bonilla, debido a que la reforma a la Constitución federal, en su Artículo Tercero transitorio, que las legislaturas de los estados crearán los instrumentos de participación ciudadana que permita la revocación de mandato.

Entonces, en la reforma constitucional es claro que la revocación de mandato no es un ejercicio gubernamental, sino de participación ciudadana, ya que entonces se prestaría a vendettas políticas.

La reforma federal establece que la revocación de mandato se aplicará contra el presidente de la República y gobernador del estado, el argumento es que 6 años es demasiado tiempo para aguantar a un funcionario malo, y el procedimiento de revocación se da durante la elección intermedia.

Sin embargo, en el caso de los diputados locales y alcaldes, estos duran 3 años, por lo que tendría que iniciarse el proceso antes de que cumplan el año y medio, lo que no es tiempo suficiente para valorar su trabajo, además, estos se encuentran bajo el régimen de elección consecutiva.

Entonces hay mucho que analizar en el tema, pero en Baja California habrá una ley para la revocación de mandato, aseguró Molina García.