El sector empresarial y diversos organismos civiles exigieron una verdadera coordinación por parte de los tres niveles de gobierno para resolver los actos delictivos que han sucedido en Baja California.
Esto ocurrió durante la manifestación pacífica en el monumento a Benito Juárez, llamada "Vigilia por la Seguridad", derivada del asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca Ensenada), y de la joven Paola Andrea Bañuelos Flores.
Luis Manuel Elizondo Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mencionó que la seguridad es un tema que le concierne a todos los órdenes de gobierno, donde se requiere liderazgo del estado, pero también de la federación y del municipio.
"También el ingrediente clave es la ciudadanía, precisamente levantando la voz y exigiendo demandas para soluciones. Creemos que es la fórmula correcta para no permitir que sigan ocurriendo este tipo de eventos", agregó.
Mencionó que lo que se requiere y exige es la resolución expedita y rápida de los casos que se han suscitado recientemente, atacando las causas que permiten que se den estos actos delictivos.
"Nosotros no somos expertos en seguridad, somos organismos empresariales; sin embargo, creemos que hace falta que se coordinen los tres órdenes de gobierno", señaló.
Por su parte, Roxana Ramos Rodríguez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac Mexicali), precisó que como empresarios hay preocupación, ya que estos hechos detienen el crecimiento de la industria y el entorno social.
"Estamos solicitando al gobierno, como sector empresarial, que haya mayor coordinación, mayores estrategias y medidas de seguridad", añadió.
Asimismo, Luciano Jiménez Laveaga, delegado de la Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte (Canacar Mexicali), declaró que es importante que exista una nueva forma de gestionar las denuncias, para que se hagan de manera formal.
"Es común que escuchamos de nuestros sectores que hay cosas que suceden al margen de la ley, pero lamentablemente no tenemos las pruebas o denuncias para que se hagan de manera formal".
Explicó que las autoridades tienen la tecnología para evitar que los problemas lleguen a ser tan grandes, por lo que es necesario que escuchen al empresariado y que se encaucen los problemas.
Eduardo Salazar Ley, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC Mexicali), externó que hay una preocupación y miedo por parte del sector, por el impacto que generan los crímenes recientes.
"Mexicali, en comparación con otros municipios, se siente distinto y, cuando suceden estos acontecimientos, se tienen que hacer cosas diferentes por parte de las autoridades", aseveró.
José Ángel Saizar Prado, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, coincidió en que no hay coordinación por parte del gobierno, así como mayores fiscalías.
"Con el nuevo sistema de justicia, que protege los derechos, donde tienes que hacer miles de pruebas científicas y químicas para poder saber si alguien es culpable, cuesta cientos de miles de pesos y no les dan presupuesto", señaló.
Finalmente, expresó que hace falta prevención, ya que del 2023 al presente año le quitaron cerca de 3 millones de pesos al estado en materia de prevención.
"Había 33 millones de pesos y quedó en 30 para 7 municipios. No se puede hablar de prevención; entonces, es muy importante ver que es necesario tener policías de investigación y policías municipales", concluyó.
