La posibilidad de que ex-funcionarios públicos pisen la cárcel derivado de la investigación del caso Next Energy es real, aseguró el consejero jurídico del estado, Juan José Pon Méndez, durante el desarrollo de su comparecencia ante el Congreso del Estado derivado del primer año de gobierno.
Puntualizó que derivado de este caso se han iniciado 11 procedimientos por hechos de corrupción; dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), dos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y siete ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
A consecuencia de estas denuncias, seis ex-funcionarios y uno de los representantes legales de la empresa Next Energy se encuentran vinculados a proceso, acusados por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
“La posibilidad es real, ya se inició un procedimiento, estamos en etapa de investigación, consideramos que se han aportado los elementos que acreditan los tipos penales por los cuales se les hicieron las imputaciones correspondientes”
De acuerdo a lo señalado por el consejero jurídico, de ser encontrados culpables los ex-funcionarios podrían ser castigados con hasta 16 años de cárcel en el caso del delito de peculado, y 12 años por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Pon Méndez resaltó además que sigue vigente la suspensión emitida por un juez en el mes de marzo, por lo que no se han afectado las participaciones federales de Baja California, sin embargo, hasta el momento y a pesar de la orden del juez no se han reintegrado los 123 millones de pesos que se cobraron por el contrato de Next Energy, los cuales siguen en poder de Banca Afirme.
Otros litigios.
El consejero jurídico de Baja California informó además sobre la situación en que se encuentra el conflicto derivado del proyecto de construcción de una desaladora en Playas de Rosarito, generado en 2016 como un Asociación Público Privada (APP), el cual fue cancelado en 2020 por la anterior administración estatal.
A consecuencia de esta cancelación la empresa, Consolidated Water, demandó al estado por un monto de 51 millones de dólares, y presentó una solicitud de procedimiento arbitral a nivel internacional.
Según lo señalado por Pon Méndez, la actual administración inició mesas de trabajo con la empresa con intención de evitar el procedimiento arbitral internacional, que podría ser muy costoso, el cual en estos momentos se encuentra suspendido.
Esto ya que se consideró que no se justificaba la declaratoria de utilidad pública, además de que se recordó que anteriormente un juez de distrito había llegado a la misma conclusión.
“Ella (la gobernadora) determinó que procederíamos a dejar sin efecto esa declaratoria de utilidad pública”
Finalmente, sobre el predio que el Gobierno del Estado entregó a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) durante la administración pasada, el equipo de la Consejería Jurídica indicó que este sigue siendo parte del patrimonio del Gobierno del Estado, aunque le fue asignado a la universidad por parte de Oficialía Mayor para su aprovechamiento y explotación.
