Un grupo de 7 ex empleados de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) denunciaron despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), además de una campaña difamatoria en contra de ellos, en la que los señalan de aviadores y panistas.
Los siete ex trabajadores de la CESPM fueron despedidos el pasado 8 de julio, unos días después del arribo de José Armando Fernández Samaniego a la Dirección de ese organismo, sin que se tuviera una causa justificada.
Se trata de Gilberto Angulo Ayón, Arturo Alfredo Alba Moreno, Vicente Carrillo y José Alberto Valdez Cota, y Edwiges Sofía Muñoz López, entre otros, quienes presentaron las querellas en forma individual, aunque compartiendo abogados, en este caso los licenciados Ricardo Rubio Llanos y David Badillo Esquer.
Los afectados señalan que en todos los casos, los encargados del área administrativa, particularmente Alfredo Santaella, subdirector de Administración, simplemente les notificó que habían causado baja de la institución por instrucciones directas del titular.
Ante el cierre de oficinas gubernamentales a causa de la pandemia del COVID 19, las demandas se presentaron ante Oficialía de Partes de la JLCyA el pasado 7 de agosto.
En todos los casos se les negó el pago de la indemnización constitucional a pesar de que se trata de despidos a todas luces injustificados y que violentan la Ley Federal del Trabajo, pues se les ha negado el pago que de acuerdo a dicha norma les corresponde, expusieron.
Gilberto Ayón Angulo, quien prestaba sus servicios en el área de Redes de la Zona V de la CESPM, señaló que funcionarios del organismo han mantenido una campaña con la que buscan desprestigiar a los empleados despedidos.
Han manejando el argumento de que se trata “de panistas” o “aviadores”, es decir, personas que cobraban en nómina sin presentarse a laborar, y que algunos también devengaban altísimos salarios, denunció.
Ayón Angulo manifestó que ese mismo argumento mentiroso es con el que han tratado de justificar los despidos y al parecer sería la versión que han llevado a autoridades superiores del Gobierno del Estado para tratar de negar que están incurriendo en una acción ilegal.
Aseguró que casi la totalidad de los despedidos, incluyendo otros que sufrieron el mismo trato antes o después de los siete que formalizaron la querella ante autoridades del Trabajo, son personas que participaron en las campañas del partido Morena, y algunos hasta son militantes activos.
En su caso -precisó-, formó parte de las brigadas de apoyo a los candidatos morenistas en la zona valle, y mostró un reconocimiento que, por esa tarea, le otorgaron el partido y su candidata a la alcaldía, Marina del Pilar Avila.
Los abogados Rubio Llanos y Badillo Esquer dijeron que se aguardará a que se asignen los tribunales en los que se ventilarán esos casos y expresaron su confianza en que las autoridades laborales habrán de mantener una conducta imparcial en el desahogo de estos litigios.
