Tijuana.- Pasaron más de 20 años para que el transporte público regresara de nuevo a manos del estado. En 1999 nació una reforma que impulsaba el traslado del control del transporte público a los cinco ayuntamientos de Baja California, con ello, serían los gobiernos municipales los encargados de gestionar la movilidad de sus habitantes.
En aquel entonces el Partido Acción Nacional (PAN) promovía la municipalización de los servicios públicos, apegándose al artículo 115 constitucional, aunque la Carta Magna no menciona el transporte público como un servicio, como sí lo es el agua potable, drenaje, alumbrado, recolección de basura, entre otros.
En 2002 finalmente se completó el proceso de transferencia del transporte a los ayuntamientos. Los resultados están muy claros. Hoy por hoy Tijuana y Mexicali tienen uno de los transportes públicos más caros de México. Tijuana fue catalogada como una de las cinco peores ciudades del país, en lo que se refiere a movilidad urbana por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). El mismo estudio señalaba que solo 33% de los tijuanenses estaban conformes con el servicio que se presta.
Esta semana tras varios meses de intensas negociaciones entre el Gobierno del Estado y los sectores involucrados, fue aprobada en el pleno del Congreso, la Ley de Movilidad y Transporte de Baja California, que contempla la creación del Instituto de Movilidad que pretende establecer las bases y directrices para planificar, regular, controlar, vigilar y gestionar la movilidad, el transporte público y privado de personas y bienes, en todas las modalidades.
SE QUEDA CORTA LA LEY
Para el coordinador del eje de movilidad del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Jorge Gutiérrez Topete, se perdió la oportunidad de crear las bases para lograr un mejor avance en el tema de transporte público.
“Era una coyuntura para hacer las cosas diferentes y hacerlas mejor, tener una autoridad estable a cargo del transporte, hasta cierto punto los ciudadanos y el sector empresarial dejamos solo al gobernador y a los diputados, en el sentido de que los transportistas se manifestaron y estuvieron muy insistentemente manifestándose y pidiendo reuniones de trabajo exigiéndole al gobierno, debilitaron un poco la ley, la ley nace débil”, manifestó.
La eliminación de la figura de la “requisa” es una de las mayores preocupaciones por parte de la sociedad civil, pues según Gutiérrez Topete, quita autoridad al organismo estatal encargado de regular la movilidad.
“Uno de los temas que se habían solicitado era el que naciera el Instituto con una ley fuerte, era un recurso que se le conoce como requisa, la posibilidad de que en un momento dado el gobierno pueda tomar las riendas del transporte público que conduzca hacia el mejor interés de la población, pero eso fue lo primero que solicitaron quitar y presionaron mucho los transportistas para que se eliminara y al final el estado tuvo que ceder, porque no hubo el contrapeso, para que se le exigiera al gobierno que la ley también protegiera al usuario”, manifestó.
Gutiérrez Topete, ve positivo que el estado sea de nuevo el encargado de gestionar el transporte en los cinco municipios, porque ofrece más estabilidad y otorga la oportunidad de generar más proyectos a largo plazo, sin anteponer el interés político.
“Seguimos hundidos en un problema de movilidad que tiene buena parte de su origen en la mala calidad del servicio del transporte público, lo costoso del mismo y la resistencia de los gremios y grupos a trabajar de otro modo, a ser más empáticos con las necesidades de la población. En muchos estados del país está cambiando, no es inventar el agua hervida, es exigir mejores condiciones para los usuarios y competitividad de las ciudades”, comentó.
EL USUARIO SERÁ BENEFICIADO
El secretario general del Sindicato “Fernando Amilpa”, Baltazar Gómez Ruiz, afirmó que la nueva ley traerá beneficios a largo plazo a los miles de usuarios de transporte en la entidad.
El dirigente de la organización que agrupa a cerca de 5 mil transportistas en todo el estado, señaló que la ley establece en un futuro eliminar los transbordos, con lo que el pasajero dejará de pagar varios pasajes para llegar a su destino. También, se contempla fortalecer el pago electrónico, además de reforzar las medidas de inspección para evitar la circulación de unidades clonadas.
“Había de tres mil a cinco mil unidades pirata circulando por Tijuana y la gente las tomaba sin saber, porque no usaban pólizas de seguro, no sabían quién lo iba manejando y el riesgo de que un accidente no respondiera o chófer o cometiera un delito, era mucho”, aseveró.
El también presidente de la Confederación de Trabajadores de México en Tijuana (CTM), admitió que los transportistas también verán beneficios por la nueva ley, en los cuales se incluye garantizar el patrimonio de los propietarios de los permisos.
Gómez Ruiz, aseguró que en las casi dos décadas que los ayuntamientos manejaron el transporte, abundaron los hechos de corrupción, lo que impidió mejorar la movilidad en Baja California.
“Va a ser sano para todos el hecho de que se haga de esta manera y poderle quitar a los municipios la facultad de hacer y deshacer según intereses particulares personales de ciertas empresas, dejando de lado el interés general de la mayoría”, expresó.
Por último, mencionó que la nueva ley fija el número de pasajeros que debe llevar cada modalidad de transporte, lo que viene a resolver el conflicto que se presentaba en las últimas fechas, entre el transporte masivo y el de ruta.
El Sol de Tijuana buscó hablar con Rafael Echegollen Cruz, nuevo director del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California, pero no se recibió respuesta favorable por parte de la oficina de Comunicación social del Gobierno del Estado.
