Con el fin que el gobierno de Baja California, no atente en contra de la libertad de expresión, la senadora Gina Cruz Blackledge, solicitó al Senado que exhorte al gobernador Jaime Bonilla Valdez, que respete el derecho del personal de salud, a informar a la población.
El viernes 6 de noviembre, el secretario de Salud del estado envió un oficio a todas las instituciones de salud, mediante el cual solicita que se tomen las acciones pertinentes, con el fin de evitar que los servidores públicos del sector salud emitan cualquier tipo de pronunciamiento sobre el tema del Covid-19.
Pérez Rico se autonombró como el único vocero autorizado, designado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, para hablar del desarrollo de la pandemia.
Por lo anterior, Gina Cruz presentó por Oficialía de Partes, una Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; y al secretario de salud de la entidad, Alonso Óscar Pérez Rico.
“A respetar la libertad de expresión del personal de salud que labora en la Secretaria de Salud del Estado, así como a respetar el principio de máxima publicidad para garantizar el pleno acceso a la información sobre la situación de la pandemia en la entidad”.
La legisladora por Acción Nacional, manifestó que si bien es entendible que el gobierno del Estado quiera mantener un canal único de información sobre el tema para evitar la duplicación de datos y malos entendidos para la población, no se puede llegar al extremo de coartar la libertad de expresión del personal médico.
El artículo 6 de la Constitución federal establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Por lo que el gobierno del Estado debe abstenerse de adoptar medidas autoritarias que socaven la libertad de expresión de la ciudadanía, y en este caso en particular, de los trabajadores del sector salud, señaló.
La garantía del derecho a la salud tutela un bien público de la primera importancia, por lo que su restricción puede atentar de manera directa contra el bienestar de las personas, aseveró Gina Cruz.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha previsto explícitamente los supuestos bajo los cuales puede limitarse el derecho a la información, y ha establecido claramente que la restricción al derecho a la información sólo puede ser establecida por el legislador federal o local y no por las autoridades administrativas.
