En Mexicali existen alrededor de 100 mil alumnos de educación básica que estudian en escuelas privadas, de los cuales, debido a la pandemia del Covid-19, se espera que el 30% migre a las escuelas públicas, sin embargo, el estado no cuenta con la infraestructura física necesaria para recibir este éxodo.
Durante su primer informe de labores como presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Mexicali (ADEPM), Everardo Basilio Adame destacó los retos que ha implicado la pandemia en la educación de los niños, el uso de la tecnología para salir adelante y el próximo regreso a clases de manera presencial.
Mencionó que debido a las consecuencias del Covid-19, se espera que tan solo en Mexicali haya una migración de alumnos de educación básica de escuelas particulares a las públicas del 30%, es decir, 30 mil estudiantes.
FALTA INFRAESTRUCTURA
Basilio Adame expuso que el gobierno estatal no cuenta con la infraestructura para atenderlos, aunque por el momento se están impartiendo clases por televisión y en menor medida por redes sociales, llegará el momento en el cual se reanudarán las clases presenciales.
No habrá espacio físico disponible para que el estado reciba de un solo golpe a 30 mil alumnos, lo que creará un serio problema en la educación de estos menores,
Basilio Adame mencionó que hay varios aspectos que preocupan en cuanto a la nueva Ley de Educación en el Estado, sobre todo en su redacción, ya se impone el uso de libros de texto oficiales para la impartición de la educación.
A pesar que les dicen que para materias como el idioma inglés, pueden utilizar otros títulos, alguna autoridad que interprete de manera rigurosa la ley, les puede imponer otro texto que consideren como oficial.
Otro de los aspectos es lo referente a las multas, ya que pueden ser de hasta un millón de pesos y de 2 millones si se considera que hay reincidencia; no saben quién va a aplicar la multa ni cómo defenderse, sin tomar en cuenta que las escuelas particulares son micro, pequeñas y medianas empresas.
La ley tampoco hace diferencias entre escuelas públicas y particulares, las considera como lo mismo, ya que invade otras áreas como de la Profeco, al impedirles decidir con qué proveedor se compren los uniformes.
En lo que se refiere a la cobranza, la ley no les da herramientas para poder requerir los pagos, ya que el padre de familia está de acuerdo en las cantidades y las fechas en las que debe realizar sus pagos a la escuela.
Un aspecto más es el de las becas a los alumnos, ya que en la nueva ley no se contempla a los hijos de los trabajadores de las escuelas particulares, lo que es una injusticia para ellos.
CORRIGEN ERROR
El presidente de la Comisión para la Participación Social en la Educación (Copase), Alfredo Postlethwaite Duhagon, mencionó que la ley contenía ocurrencias como la de considerar que toda la infraestructura educativa de las escuelas particulares, pertenecía al estado, pero afortunadamente han logrado corregir ese error.
Mencionó que existen 38 observaciones a la nueva Ley de Educación, que quisiera que fueran revisadas por los diputados locales antes de aprobarla en el pleno.
No quieren que se repita lo que pasó en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XXIII Legislatura del estado, en la que dos diputados pedían que se siguiera con la consulta sobre la nueva Ley de Educación y otros dos pedían que se aprobara tal y como la de la federación, señaló Postlethwaite Duhagón.
Al final, la presidenta de la citada comisión, la diputada por Morena María Luisa Villalobos Ávila, decidió votar a favor de la propuesta de ley de la federación, aun cuando las condiciones socioeconómicas de Baja California son muy diferentes a las del resto de la República, señaló el presidente de Copase.
