Aunque la reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) disminuye y debilita la representación de ciudadanos en forma sustancial dentro de este organismo, hay quienes señalan que esto no es así, ya que se trata de una adecuación a la legislación federal, pero también otros destacan cerrazón del Congreso.
En su sesión plenaria del jueves, el Congreso local aprobó las reformas a una serie de artículos a la Constitución local, así como de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del estado, promovidas por diversos inicialistas, entre ellos la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Para la diputada por Movimiento Ciudadano (MC), Daylín García Ruvalcaba, con estas reformas se somete al SEA a los entes gubernamentales, lo que deja en estado de indefensión a los ciudadanos que quieren participar en las investigaciones y seguimiento, sobre todo de actos y hechos de corrupción.
“En un órgano donde se toman decisiones, si 13 son autoridades y solamente uno representa a la ciudadanía, pues se podría pensar que podrían ellos mismos, con apoyo del Congreso, colocar como presidente del Comité de Participación Ciudadana, a una persona a modo”.
Hay que dejar muy claro que esta es una iniciativa de la gobernadora, de la diputada panista Santa Alejandrina Corral y del morenista Juan Manuel Molina García, donde metieron sus 3 iniciativas en la misma semana y muy similares en lo que respecta al debilitamiento de la participación ciudadana en el SEA, entonces algo están protegiendo, cuidando.
“Se justifican en que es una réplica nacional, claro, pues el nacional no ha funcionado y lo que quieren es cuidar intereses presentes y futuros, o pasados, también porque Alejandrina también lo presentó y entonces a lo mejor está protegiendo que de 5 años para atrás no se investiguen ciertas cosas”.
TODOS CIUDADANOS
El diputado Molina García rechazó que se debilite la representación ciudadana en el SEA, ya que, de entrada, todos son ciudadanos, no dejan de ser ciudadanos al trabajar para el gobierno, no todos quienes trabajan en el gobierno son corruptos y no todos los ciudadanos son honestos.
“Los actos de corrupción, como el cohecho, necesitan de un ciudadano que entregue una cantidad indebida y un funcionario que la recibe y aporta un beneficio o un favor indebido a alguien”.
Molina García explicó que lo que hicieron fue cumplir con el modelo y las bases que establece la ley general y la Constitución Política federal; además, Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la controversia constitucional planteada por la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH), señala que 15 integrantes ciudadanos, son demasiados.
La SCJN expuso que se habían excedido las bases de la regla general, entre otros, e invalidó la conformación y ordenó seguir las bases de la ley general, por lo que esto ya no era materia de discusión, es decir, el Congreso no redujo la participación ciudadana.
Señaló que la diputada por MC insistía en que se legislara en el tema y ya cuando lo van a subir a pleno, pedía más foros y más tiempo, como que en realidad el interés sería seguir fustigando que en Baja California no hay un sistema anticorrupción.
INSUFICIENTE
Ricardo Esteban Zurita López, ex consejero ciudadano, comentó que se quedaron cortos; hubo algunas inconsistencias que le plantearon a los diputados, sin embargo, no las tomaron en cuenta, ya que había propuesto que en lugar de 5 ciudadanos, fueran 7, uno por cada municipio del estado.
Hace 5 años, cuando se creó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se inventaron 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, lo que fue exageradísimo y finalmente llamó la atención de la SCJN.
Pero el número de 5 integrantes que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no está justificado, ya que pudieron ser 3 o 7, en el entendido de que debe ser un número non.
“El diputado Molina tuvo una cerrazón tremenda en no dejar participar a los grupos ciudadanos, entre ellos a los abogados que hemos tenido experiencia en esto; es muy lamentable, pero también es muy lamentable que Daylín insista con el parlamento abierto, cuando ella participó hace 5 años en el parlamento abierto, con Francisco Fiorentini, que hicieron un despapaye con esa ley”.
Zurita López manifestó su esperanza en que con la designación del magistrado y del fiscal anticorrupción, Molina García no tenga la misma cerrazón que tuvo con la elaboración de la reforma, para que no se repitan los mismos errores que están cometiendo.
REFORMAS
Entre las reformas se establece la restricción del número de ciudadanos integrantes del Comité Coordinador del SEA, pasando de once, a solo uno.
También restringe el número de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA, que pasan de quince a solo 5; además, deberá respetarse el principio de paridad de género.
Al Comité de Participación Ciudadana se le da la atribución de proporcionar, impulsar o impartir cursos en materia anticorrupción, a los servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno, como instituciones de educación media y superior, así como a las personas físicas y morales de esta entidad, para la ponderación de la ética y valores, en los futuros servidores públicos, o quienes le presten algún servicio a ellos mismos.
Además, la de formar comisiones de trabajo orientar y difundir la cultura de la legalidad.
