Al menos seis casos de empresas “golondrinas” que buscaban evadir sus obligaciones con sus trabajadores fueron detectadas de noviembre a la fecha por la Secretaría del Trabajo de Baja California, en donde pudieron ser afectados cerca de 3 mil trabajadores, informó el titular de la dependencia, Alejandro Arregui Ibarra.
El funcionario afirmó que se trata de casos esporádicos en Baja California, donde la mayoría de los patrones cumplen con sus obligaciones; reconoció que éstos fueron detectados gracias a la denuncia de los propios trabajadores.
“Hemos podido intervenir para poder contener esto, lo que queremos es detener en lo subsecuente, que no se vuelva una práctica recurrente, que sepan las empresas que habrá consecuencias contundentes en caso de que incurran o intenten incurrir en una situación de este tipo”, afirmó.
En 2023, apuntó, se han atendido al menos 10 casos de empresas que intentaron cerrar sus instalaciones sin cumplir con sus responsabilidades hacia sus trabajadores.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda insistió en que la mayoría de las empresas instaladas en Baja California cumplen con sus obligaciones patronales, no obstante, continuarán reforzando acciones para evitar la llegada de más empresas “golondrinas”.
PREPARAN INICIATIVA
A partir de la próxima semana podría subir a comisiones del Congreso del Estado una iniciativa de ley con la intención de crear sanciones más graves para empresas que pretendan evadir sus responsabilidades hacia los trabajadores, anunció la diputada local Michel Sánchez Allende.
Según la información presentada por la legisladora mexicalense, la iniciativa añadiría un capítulo nuevo al Código Penal de Baja California, creando el delito contra el trabajo y la previsión social cometido por patrones contra personas trabajadoras, que incluiría once supuestos, entre éstos se cuentan el pago de salarios inferiores al mínimo vigente, el retraso de pago por más de 10 días, el pago de salarios en mercancía, vales, fichas, tarjetas o en monedas que no sean de curso legal; retener salarios sin una justificación legal o realizar el pago en lugares como cantinas, prostíbulos o tabernas.
Asimismo, se castigaría a las empresas que obliguen a sus trabajadores a laborar sin descanso por más de 11 horas en jornada diurna ó 7 horas en jornada nocturna; imponer labores peligrosas a mujeres y jóvenes menores de 18 años; violar los convenios ante tribunales laborales o centros de conciliación; participen en la creación de sindicatos “blancos” o se nieguen a realizar el pago de las utilidades.
La sanción para los patrones que entren en estos supuestos sería de entre 3 meses y 2 años de prisión y una multa entre 5 mil 428.50 pesos y 10 mil 857 pesos.
Otro de los puntos fuertes de la iniciativa es la sanción a empresas que cierren operaciones, cambien de domicilio o impidan el acceso a empleados sin haberlos despedido y cubierto las obligaciones de ley (salarios, indemnización, aguinaldo y otras prestaciones).
En estos casos, las empresas podrán recibir una pena de 1 a 6 años de prisión y multas de 100 a 500 veces la UMA (entre 10 mil 857 pesos y 54 mil 285 pesos).
La iniciativa busca crear además el delito de insolvencia del patrón para eludir créditos laborales, cuando la empresa busca eludir el pago de indemnizaciones a sus trabajadores, el cual se sancionará con 6 meses a 4 años de prisión y una multa de 50 a 300 veces la UMA (entre 5 mil 428.50 pesos y 32 mil 571 pesos).
Asimismo, se crea el delito de insolvencia provocada por créditos laborales en contra de acreedores diversos, el cual se sancionará con uno a cinco años de prisión y una multa de 100 a 300 veces la UMA (entre 10 mil 857 pesos y 32 mil 571 pesos).
DENUNCIA OPORTUNA
El titular de la Secretaría del Trabajo en la entidad recordó que la denuncia de los trabajadores es fundamental para poder detectar irregularidades en empresas de forma oportuna, por lo que dio a conocer el número de Whatsapp 686 391 8714 para cualquier queja en el ámbito laboral.
