La política antidrogas en Baja California durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no sólo mantuvo las mismas prácticas que se emplearon en la “Guerra contra el Narco”, sino que empeoró, señaló Renata Demichelis, directora de Elementa DDHH en México.

Desde Verter AC, asociación con enfoque de reducción de daños en Mexicali, y Elementa DDHH, organización enfocada en derechos humanos, señalaron a la administración de López Obrador por haber retrasado la realización de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones, por lo que no existen datos duros de usuarios de drogas en el país.

El domingo primero de septiembre López Obrador presentó su sexto y último informe de gobierno, en el que destacó las campañas contra el consumo de drogas.

Aseguró que en México “ya no hay” personas adictas a las drogas gracias a la cultura y tradiciones mexicanas.

Comentó que en 2023 su gobierno registró el fallecimiento de tan sólo 600 personas por el consumo de drogas.

La directora de Elementa DDHH destacó que desde el inicio de la “Guerra contra el Narco”, entre 2007 y 2008, Baja California fue uno de los estados en donde más se enfocaron los operativos para consolidar la estrategia bélica, situación que aún continúa.

Según los datos plasmados en el informe realizado por Elementa DDHH, denominado “Radiografía de la prohibición: política de drogas en México 2018-2024”, basados en información oficial, a Baja California se desplegaron 4 mil 527 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 3 mil 654 de la Guardia Nacional y mil 162 de la Secretaría de Marina.

Además, mencionó que Baja California se colocó como el segundo estado con más aseguramientos de drogas.

Sin embargo, y a pesar de todos los despliegues y aseguramientos, también se colocó en segundo lugar con más homicidios dolosos en todo el sexenio, con 12 mil 825, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta enero de 2024.

“Así como Baja California figura en los primeros estados de aseguramientos, pues figura siempre con los municipios con las tasas más altas de homicidios.

“También las cifras que nosotras manejamos de personas desaparecidas en el estado, que está basada en información de la Fiscalía. Ahí están los matices y diferencias en el discurso de Andrés Manuel”, expresó.

Renata Demichelis señaló que el gobierno de López Obrador no sólo continuó con las mismas políticas prohibicionistas y estigmatizantes de los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino que se fortalecieron los enfoques bélicos y punitivos

“El enfoque bélico implica darle un tratamiento de seguridad al tema de drogas, ahí vimos que se fortaleció (...), vemos un incremento en los recursos económicos para ello, un incremento en el número de personas destinadas para ello. Y entonces, a cualquier problemática asociada con la droga el gobierno respondió enviando más militares”, expresó.

Estas medidas continuaron implementándose a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo del mismo gobierno federal reconoció al inicio de la administración, hace seis años, que la política de prohibición tiene un impacto diferenciado y negativo en poblaciones históricamente vulnerables, aseveró Renata Demichelis.

Agregó que ese documento también indicó que para corregir dichos impactos era necesario transitar de una política prohibicionista a una de regulación, lo que implicaba eliminar el enfoque punitivo, es decir, eliminar delitos relacionados a la portación de drogas.

“Es una política que sigue estando basada completamente en la prohibición, a pesar de las promesas de cambio que se habían hecho”, manifestó.

COINCIDENCIAS

Por su parte, Lourdes Angulo y Said Slim, fundadores de Verter A.C., coincidieron con Renata Demichelis en que el gobierno de López Obrador continuó una política estigmatizante contra los consumidores de drogas, en lugar de atender el problema y a los usuarios desde la salud pública.

“Su discurso fue como si las personas que consumen drogas no tuvieran derecho a vivir, no quisieran vivir, y como si no tuvieran derecho a la salud, a la aspiración de este derecho”, manifestó Lourdes Angulo.

Destacó que durante este sexenio se experimentaron situaciones atípicas como la pandemia de Covid-19, que pudo haber influido en la proliferación de nuevas drogas sintéticas como el fentanilo o la xilacina.

Mencionó que en Estados Unidos y Canadá también se presentó este fenómeno de igual manera y emitieron declaratorias de emergencia cuando aumentaron las muertes por sobredosis, mientras que en México el presidente negó en reiteradas ocasiones la presencia de fentanilo en la sociedad.

“Esta declaración de emergencia lo que hace es permitir y obligar a los servicios de salud a que tengan estas estrategias, que haya recurso público para apoyar a los programas de reducción de daños, a la creación de sitios de consumo supervisado, a que se hagan compras masivas de naloxona (...), osea, es una situación de salud”, detalló.

En ese sentido, consideró que la política para atender los temas relacionados con el consumo de drogas empeoró debido a que en este sexenio el gobierno federal dejó de apoyar económicamente a las organizaciones de la sociedad civil que planteaban proyectos para atender dichos temas.

Al respecto, Said Slim aseveró que este gobierno estuvo completamente reprobado en las acciones implementadas sobre el tema.

“Nuestra evaluación cómo organización civil, e incluso como red a la que pertenecemos, es reprobado; de 1 a 10, 5 o menos. El gobierno no cambió la política de drogas que se venían ejerciendo desde otros sexenios, no hizo un cambio de paradigma, lo mantuvo”, expresó.

El coordinador de proyectos en Verter señaló que la estrategia de comunicación que encabezó el gobierno federal, llamada Juntos por la Paz, a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), se enfocó únicamente en promover el abstencionismo y estigmatizar a los consumidores de sustancias.

Los proyectos en materia de adicciones que emprendió la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), durante el presente sexenio no tuvieron un impacto positivo real en la sociedad, sostuvo Said Slim, cofundador y coordinador de proyectos de Verter AC.

Además, agregó, esa comisión quedó a cargo de la realización de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones, que no revela los resultados.

Comentó que en este sexenio debió haberse publicado dicha encuesta, puesto que la última se realizó en 2016, sin embargo, las autoridades no informaron la metodología y hasta la fecha no existen datos.

“Estamos a un mes de que acabe el sexenio y no va haber reportes de la Encuesta Nacional de Adicciones. Es otra deuda que tuvo Conasama, pero la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador también la tiene. No sabemos cuántas personas consumen en cada Estado ni qué sustancias”, manifestó.

Los únicos datos con los que cuentan, agregó, provienen de los estudios realizados en sexenios anteriores, mismos que señalan al cristal como la droga más consumida en el país. No obstante, no existen estrategias para la atención de dicha sustancia, aseveró.

Consideró que las políticas en esta materia no cambiarán con la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, puesto que hasta la fecha no llevó a cabo mesas de diálogo al respecto.

“Es un mes lo que le falta para entrar más o menos a la presidenta electa y no hay acercamiento con las organizaciones civiles, no hay un trabajo previo y pues no sabemos qué vaya a pasar. La expectativas son las mismas, se ha demostrado que Sheinbaum trae la misma política de López Obrador”, expresó.

En ese sentido, justificó sus expectativas debido a la aprobación de la propuesta para que la Guardia Nacional se mantenga en un órden militar, así como la prohibición de drogas sintéticas como el fentanilo y los vaporizadores.

Al respecto, Renata Demichelis, directora de Elementa DDHH en México, mencionó que en la agenda de Sheinbaum Pardo no es prioridad el tema de drogas, pero si existe una gran posibilidad de que se mantengan fortaleciendo a las fuerzas armadas.

“Vemos pocas oportunidades de que eso vaya a cambiar. Ahora, nosotros vamos a seguir intentando, por lo menos concentrarnos en que se despenalice la posesión simple (de drogas), que sí es el delito que más personas privadas de la libertad por delitos de drogas tienen”, concluyó.