La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió una serie de recomendaciones para la Fiscalía General del Estado (FGEBC) tras haber detenido y torturado a un hombre, y haberlo obligado a firmar una declaratoria de culpabilidad en 2008.
Según la Comisión, la víctima identificada cómo “V” fue privada de la libertad por agentes ministeriales y de la Policía Municipal de Mexicali el 16 de julio de 2008. La víctima narró que visitó la ciudad con su primo desde Tijuana y que al salir de un centro nocturno su primo fue detenido y llevado a la Comandancia Central Municipal. Mencionó que cuando llegó a solicitar información de su familiar fue detenido por elementos municipales que lo sometieron y esposaron.
Luego, fue puesto a disposición de agentes ministeriales quienes lo torturaron y obtuvieron una declaratoria de culpabilidad por el delito de delincuencia organizada. Debido a eso fue encarcelado hasta que, tras 10 años en prisión, la víctima presentó una queja ante la CEDHBC el 14 de junio de 2018. Posteriormente, en 2020, el poder judicial federal ordenó su liberación inmediata.
Al respecto del caso, la Comisión determinó que los agentes de la Fiscalía General del Estado violentaron los derechos humanos de la víctima mediante tortura y privación de la libertad.
En total, la Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró la participación de al menos cuatro agentes ministeriales en el hecho.
Por esto, la CEDHBC emitió nueve recomendaciones a la titular de la Fiscalía, María Elena Andrade Ramírez, que involucran la reparación del daño y la prevención para evitar que se comentan más actos de la misma naturaleza.
Concretamente, instruyó a la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría a iniciar una investigación en contra de los servidores públicos involucrados en las violaciones de derechos que sufrió, esto en un plazo no mayor a 15 días.
En ese sentido, y en el mismo plazo, solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Tortura a realizar de manera exhaustiva e imparcial las diligencias sobre la carpeta de investigación integrada del caso por el delito de tortura en perjuicio.
Además recomendó a la autoridad contactar a la víctima para ofrecerle atención integral de salud psicológica, psiquiátrica o de cualquier otra rama clínica para atender las secuelas generadas.
En el mismo documento expedido a la FGEBC se mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó haber recibido 10 mil 200 quejas por detención arbitraria y más de 9 mil 200 por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, esto entre 2006 y 2015.
Asimismo, se añadió que de 2010 a 2013 se recibieron 242 quejas por tortura en la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California.
