Descuidos y malos tratos por parte de cuidadores, comida insuficiente o de mala calidad y castigos como dormir en el piso o encerrar a menores en “cuartos de reflexión” son algunas de las violaciones a los derechos humanos que niños, niñas y adolescentes han sufrido en los albergues del Sistema DIF Baja California en Mexicali y Tijuana.
Esto de acuerdo a una investigación realizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), con resultados en poder de LA VOZ DE LA FRONTERA, en donde se logró comprobar violaciones a los derechos de 57 niñas, niños y adolescentes resguardados en los albergues temporales del DIF, entre el 2019 y el 2022.
La investigación incluye la explicación de ocho casos en donde niños y adolescentes expresan quejas por los malos tratos recibidos en estos albergues, entre los que resaltan alimentación precaria, hacinamiento y omisiones de cuidado.
En el expediente se señala que varias veces el personal de ambos albergues intentó interferir en la investigación de la CEDH, ya sea al no permitir la entrada a las instalaciones e incluso exigiendo la entrega de la declaración de uno de los menores involucrados.
Aunque se buscó la postura del DIF Estatal sobre el tema, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Según el expediente generado por la CEDH, el Albergue Temporal de Tijuana cuenta con una sobrepoblación leve, con 187 menores resguardados en un espacio para 185, mientras que el de Mexicali se mantiene debajo del límite, con 143 y su capacidad es para 150.
Sin embargo, sí se identificaron condiciones de hacinamiento sobre todo en los niños de mayor edad, que en el caso de Mexicali superan con cerca de 28 el límite recomendado.
En cuanto a los cuidadores, si bien se señala que estos sí recibieron una capacitación en temas de derechos humanos y una vida libre de violencia, ésta fue impartida por parte del Sistema Estatal Penitenciario, situación que se considera no corresponde con las necesidades de los menores resguardados en el DIF.
La investigación pudo confirmar, en varias ocasiones, descuidos o tratos negligentes por parte de los cuidados, una falta de seguimiento al tema de la salud mental y la entrega de comida en mal estado o insuficiente para saciar el hambre de los menores.
Dentro de los castigos que los menores entrevistados dicen haber sufrido en los albergues temporales resaltan golpes o sometimientos forzosos, dormir en el piso, amenazas y obligarlos a realizar la limpieza.
En el caso de los menores del Albergue Temporal DIF de Tijuana, relatan la utilización de un “cuarto de reflexión”, descrito como un cuarto pequeño color blanco sin muebles, en donde se encerraba a los menores por máximo 24 horas.
“Dichos espacios no contaban con sanitarios, ni camas donde dormir, eran espacios reducidos de 1.20 metros por 2 metros, sin iluminación, había una ventana pequeña en la puerta sin embargo se encontraba cerrada y únicamente cerrojos externos impidiendo la salida voluntaria”, indica la investigación.
Por otra parte, se señala que muchos de los menores que participaron en alguna manifestación o queja colectiva debido a estos malos tratos fueron posteriormente enviados a otras casas hogar, centros de asistencia social o centros de tratamiento contra la drogadicción, en casos sin dar aviso a los padres.
“Este organismo advierte que, los traslados de niñas, niños y adolescentes a casas de asistencia social y a centros de tratamiento para la drogodependencia obedecen meramente a sanciones y/o métodos disciplinarios desproporcionales”.
A esto se suma que muchos de los menores que fueron trasladados a estos centros informaron, posteriormente, que durante su internación recibieron malos tratos o violencia, incluso por parte de otros internos adultos con los que convivieron en el lugar.
A consecuencia de estos descubrimientos, la CEDH emitió la Recomendación 6/2023, el 31 de agosto.
Se solicitó que en un plazo no mayor a 30 días naturales la Procuraduría de Protección de Niñas, NIños y Adolescentes del estado, el DIF Estatal, los albergues temporales de Baja California y la Coordinación de Asistencia Privada lleven a cabo mesas de trabajo con la CEDH, para en un futuro permitir las visitas a los albergues.
Asimismo, otorga un plazo no mayor a seis meses para que se diseñe y aplique un programa de capacitación integral a todo el personal de los albergues temporales, impartido por expertos dedicados a la protección de la niñez.
El documento también exige al Sistema DIF realizar un diagnóstico sobre la situación de los albergues temporales en un plazo de ocho meses, con el fin de atender los temas relacionados al hacinamiento, la atención de la salud mental y otros.
Posterior a esto, DIF Baja California deberá crear un plan de ajustes y fortalecimiento dentro de los albergues para atender las deficiencias encontradas, en un periodo de máximo tres años.
