La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al Ayuntamiento de Mexicali y a la Policía Municipal, tras el análisis de al menos cuatro casos de personas en situación de calle que fueron detenidas de forma arbitraria y trasladados a centros de rehabilitación por elementos de la corporación.
Se trata de la Recomendación No. 5/2022 emitida el pasado 29 de diciembre, en la que se relatan varios hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019, pocos meses antes del anuncio de la rehabilitación de la Plaza del Mariachi y la zona de “La Chinesca” en el centro de la ciudad.
De acuerdo a lo declarado por los afectados, elementos de la policía municipal de Mexicali habrían realizado diversas detenciones sin apego al reglamento municipal, y les obligaron a ingresar a centros de tratamiento contra las adicciones contra su voluntad.
Los afectados señalaron haber recibido maltrato físico y psicológico en estos centros, además de condiciones insalubres y comida en mal estado, y en tres de los cuatro casos se intentó reubicarlos en centros de rehabilitación de otras entidades del país, como Sonora y Baja California Sur.
En el documento, la Comisión Estatal señala que de acuerdo a sus investigaciones se detectó que entre octubre de 2019 y hasta septiembre de 2020 las autoridades municipales realizaron un operativo de “recuperación y limpieza” en la zona, en donde se detectaron cerca de 600 detenciones sin seguir los procedimientos de ley.
La recomendación al Ayuntamiento de Mexicali es la de realizar un diagnóstico, en un plazo no mayor a tres meses, de las condiciones de las personas que viven en las calles de Mexicali, y publicarlo en sus medios electrónicos y plataformas digitales el mes posterior.
Asimismo, da un plazo de cinco meses para crear un Plan Estratégico de Atención Integral a las Personas que Viven en Calle para resolver esta situación, el cual deberá ser implementado en máximo seis meses con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, así como asociaciones civiles.
Se solicita además la creación de un padrón de datos de las personas en situación de calle y realizar visitas, en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado, a los centros de rehabilitación del municipio para revisar sus condiciones.
En cuanto a la Policía Municipal, se pide que todos el personal y jueces municipales reciban un curso teórico sobre la reducción de daños, política de drogas y condiciones de las personas en situación de calle, que tengan como base las directrices internacionales sobre Derechos Humanos y Políticas de Drogas, así como la designación de un servidor público que funja como enlace con la Comisión Estatal para vigilar que se cumplan estas disposiciones.