Tijuana.-El parque vehícular de Baja California circula cada día con menos catalizadores, un dispositivo que ayuda a reducir la emisión de contaminantes de automotores, a causa del robo y venta de estos aparatos por su alto valor en el mercado negro y la ausencia de centros de verificación vehicular que obliguen a portarlos.
Desde 2020 dejaron de funcionar los verificentros, derivado de las acusaciones del pasado gobierno estatal ya que sólo cumplía una función recaudadora, ya que reprobar el examen ambiental no impedía renovar la tarjeta de circulación.
Además, a la fecha no está claro que el robo de catalizadores sea considerado un delito en el estado.
En el Congreso local hay una iniciativa para modificar el artículo 208 del Código Penal de Baja California y aumentar así la sanción de dos a cinco años de cárcel y la multa de nueve mil a 50 mil pesos por el robo de autopartes, particularmente de catalizadores.
“La ley contempla que quien venda un catalizador de vehículo robado será sancionado, pero lo roban de vehículos que no han sido robados, sólo (se llevan) esa pieza, por lo que no es un delito tipificado”, explicó su inicialista, el diputado Julio César Vázquez.
“Les deja dinero más fácil y menos complicado robarse un catalizador que un carro, en dos minutos te lo quitan”, lamentó.
Y aunque no dio una cifra precisa, el legislador por el Partido del Trabajo (PT), dijo que el 50% del robo de catalizadores en el estado sucede en Tijuana.
En una solicitud a la Fiscalía General del Estado (FGE), para conocer las carpetas de investigación por el robo de catalizadores, esta autoridad informó que en el presente año solo hay una denuncia y tiene fecha del pasado 19 de febrero.
“La gente no está denunciado este delito”, dice la respuesta emitida por escrito a través del departamento de Comunicación Social.
En cambio, en redes sociales se ha denunciado públicamente el robo masivo de estos aparatos en plazas comerciales y estacionamientos, incluso en un estacionamiento de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el pasado 8 de marzo.
También sucede que las personas venden los catalizadores de sus vehículos, ya sea para obtener dinero extra o para adelantarse antes de que se los roben, como sucedió con Francisco Vega.
El mes pasado, escuchó ruidos en la madrugada afuera de su departamento en la colonia Buena Vista, cuando salió observó a dos personas cerca de su vehículo estacionado en la calle y al verlo salieron huyendo.
“En la mañana prendí el carro y se escuchaba un ruido raro abajo, lo llevé al mecánico y me dijo que me quisieron robar el catalizador”, relató.
Dice que lo llevó con un ‘moflero’ y este le advirtió que quizás ya lo tenían identificado y por lo tanto volverían a intentar el robo.
“Me ofreció 150 dólares y también incluía la reparación. Lo acepté”, añadió.
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EL DAÑO A LA SALUD
Los automóviles sin catalizador emiten una mayor concentración de partículas PM10 y PM5 que son 30 veces más pequeñas que el grosor de un cabello, por lo que pueden causar enfermedades respiratorias y hasta cáncer, destacó la doctora Gabriela Muñoz, directora del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
“Las partículas no las podemos ver porque son tan pequeñas, pero están en el aire y por su tamaño no se detienen en los pelos de la nariz, sino que pueden llegar hasta los pulmones”, detalló.
Añadió que también están las partículas PM 2.5, que son cuatro veces más pequeñas y pueden llegar al torrente sanguíneo.
Agregó que los automóviles emiten el plomo que se bioacumula en las personas y puede causar en adultos efectos parecidos a un paro cardíaco, mientras que en los niños puede causar lento aprendizaje por su acumulación en el cerebro.
“Este tipo de enfermedades van a depender mucho de la exposición, el tiempo y nuestra edad”, precisó.
El estudio de investigación “La contaminación del Aire: Un problema que daña la salud y la economía”, presentado en 2010 por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), reveló que en Tijuana la Secretaría de Salud gastó tres veces más en atender enfermedades por la contaminación del aire que lo que IMSS destinó a medicamentos.
En Mexicali, el municipio que ese año registró los índices más altos de PM10, el gasto fue cuatro veces más.
LA FALTA DE VERIFICENTROS
José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación Ambiental AC, señaló que los vehículos sin catalizador contaminan entre un 40 a 50% más que un vehículo con catalizador.
“Ahora si le añadimos que no cuentan con la afinación adecuada, por eso deben existir los centros de verificación vehícular, para contener sus emisiones a la atmósfera”, apuntó.
La NOM 041 establece que el propietario del vehículo es responsable de cumplir con los límites permitidos para la emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores que usan gasolina como combustible, explicó.
Y el estado es quien debe supervisar que esto se lleve a cabo, sin embargo desde hace dos años no existen los verificentros en Baja California, y a eso hay que sumarle los 10 años anteriores en que funcionaron más como una medida recaudatoria, recalcó.
En 2020 el ex gobernador Jaime Bonilla suspendió la obligatoriedad del requisito de revisión mecánica en un verificentro implementado en Baja California 10 años atrás, precisamente argumentando que el trámite solo era recaudatorio y no había confianza en el proceso.
Poco antes de terminar, la administración de Bonilla eligió, de entre 13 propuestas recibidas tras la convocatoria para concesionar los nuevos centros de verificación vehicular, a la empresa Worldwide Environmental, con sede en California, EU.
Sin embargo, con la llegada de la nueva administración estatal, la concesión fue cancelada y mientras tanto los cerca de un millón 100 mil vehículos que circulan con placas de Baja california lo hacen sin una revisión mecánica que garantice que el automóvil cumple con la normatividad ambiental.
Y a eso habría que sumar el impacto por las emisiones de los autos “chocolate” que transitan sin catalizador y con placas extranjeras.
EL DESTINO DE LOS CATALIZADORES
En México está prohibido el reciclaje de convertidores, dice el Artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por lo que cada año se acumulan 20 millones de toneladas.
Un 60% se traslada a Estados Unidos mediante un proceso legal y el otro 40% se va al mercado negro de China y Vietnam, según información de la Asociación Interamericana del Medio Ambiente y el Reciclaje (AIMAR).
En cuanto a los establecimientos que compran o almacenan mercancía robada, el artículo 232 del Código Penal de Baja California establece desde seis meses hasta nueve años de prisión y de 200 a 500 días de multa según el valor de los bienes.
También la reglamentación para el Funcionamiento, Operación y Registro Municipal de Yonkes y Recicladoras de Metales advierte a los propietarios de los establecimientos sobre esta sanción.
Pero evidentemente esa ley no asusta a los ladrones ni a quienes comercian ilegalmente con los catalizadores.
Esto es porque contienen tres componentes que los han vuelto codiciados en el mercado: platino, rodio y paladio, que han aumentado su precio en los últimos años.
Por ejemplo, en un catalizador se pueden encontrar en promedio entre tres a cinco gramos de estos metales, algo que varía de acuerdo con el código de referencia, una serie que te indica los materiales de los que está compuesto en su interior, dijo un comprador de catalizadores que habló a condición de no dar su nombre.
Además detalló que hay catalizadores que pueden cotizarse desde los 150 hasta los mil dólares.
Frente a esto, para la académica Gabriela Muñoz la solución es crear conciencia en todas las partes, una reglamentación que verdaderamente sea respetada mediante sanciones a quienes no la cumplan.
“Creo que hay una gran irresponsabilidad e ignorancia al quitar los catalizadores. Como no hay muertos en ese momento, piensan que no pasa nada”, finalizó.
