El 29 de octubre de este año, dos dias antes de que concluyera la administración de Jaime Bonilla Valdez, el Gobierno del Estado contrató la renta de un edificio destruido por 3 millones de pesos.
El inmueble era para la implementación de las salas de Conciliación previstas en la nueva reforma laboral.
Alejandro Arregui, titular de la Secretaría del Trabajo y Prevision Social, exhibió las imágenes del edificio y aseguró que la pasada administración actuó con dolo al contratar la renta de instalaciones que no podía utilizarse.
Aseguró que el contrato de renta fue cancelado e inició una investigación sobre ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social además de remover del cargo a quien fungía como Director de Conciliación.
La administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda debía apegarse a la nueva reforma laboral aplicable desde el 3 de noviembre pero no fue posible por lo que pidieron un prorroga de 90 días.
El Gobierno Federal asignó a Baja California 27 millones de pesos para implementar el nuevo modelo de justicia laboral, recurso que no fue aprovechado.
