La XXIII Legislatura del Congreso de Baja California es responsable de la autorización de del proyecto de una planta fotovoltaica que actualmente es señalada por generar un desfalco de 12 mil millones de pesos a la entidad, pues la mayoría de los diputados en aquel momento debieron revisar las condiciones con las que se celebró el contrato, así lo señaló el presidente de la Coparmex de Mexicali, Octavio Sandoval López.
Explicó que los diputados no cumplieron con la La ley de Deuda Pública del Estado, ya que debieron haber analizado un proyecto de viabilidad jurídica, de viabilidad técnica, viabilidad financiera, los permisos y además prever las contingencias y compromisos que podría generar la entidad, lo cual evidentemente no se hicieron, aseguró Sandoval López, pues se manifestaron a favor de un proyecto de energía, lo cual para empezar, ni siquiera es de competencia estatal.
Los legisladores ni siquiera revisaron la afectación que generaría a Baja California, pues celebrar el contrato obligaría a la entidad el comprometer el 19 por ciento de las participaciones federales, por lo que le restaría libertad crediticia al Estado durante 30 años, es decir, por cinco sexenios.
“Si tengo el gasto comprometido entonces no tengo libertad, no tengo margen de contratar nuevos créditos, en términos rancheros, le quitaron la capacidad de crédito al Estado por 30 años”.
El Congreso Estatal debió haber actuado similar a un comité de crédito de un banco, por lo que debió revisar toda la estructura jurídica y legal, pero en lugar de eso, en la sesión del 15 de julio de 2020 aprobaron el tema con dispensa de trámite, es decir, sin leer el dictamen del proyecto.
“No se circuló el proyecto entre los diputados para su lectura y análisis según desprende el acta de sesión del 15 de julio. Ni siquiera se lo pasaron para que lo vieran, es decir, lo votaron ciego, voto sin ver, cómo pago sin ver, como si estuvieran jugando póker”.
El consultor empresarial lamentó que se haya afectado al erario, toda vez que las autoridades federales ya habían anunciado que no se darían las autorizaciones para dicha planta.
“Es de un análisis básico, no se requiere ser especialista para saber que el Congreso de Baja California no tiene facultades para otorgar autorizaciones y el Estado de Baja California, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para celebrar contratos que se autorice la producción de energía eléctrica; necesitaría modificarse la constitución, cosa que nunca va a pasar”.
Sandoval López afirmó que la Coparmex no interpondrá alguna denuncia sobre el tema, pues es un asunto de interés público y las autoridades tienen la facultad para que se aplique todo el peso de la ley sobre los responsables que generaron un daño a las finanzas estatales.
Juicios políticos nunca prosperan
Respecto al juicio político que el Partido Acción Nacional anunció que promoverá en contra de los diputados de la XXIII Legislatura que aprobaron el proyecto, el presidente de la Coparmex criticó que dicha acción no es significativa, ya que en la historia reciente no ha trascendido uno de estos juicios.
“El juicio político es una muy buena broma que nunca ha dado resultados, ni en el combate a la corrupción, ni en la justicia y que la persona que tenga un caso en los últimos 20 años de un juicio político emitido por el Congreso, que haya implicado una acción penal, me gustaría reconocerla”.
Para ir en contra de los legisladores, de los cuales algunos siguen en el cargo por haber sido reelegidos, dijo que ya no es un impedimento que tengan un cargo público para ser sentenciados por alguna responsabilidad, a consecuencia de que se eliminó el fuero en la entidad desde el 2017.
“Si se trata de juicio político o de denuncia, al primero que debieron haber denunciado es a Kiko Vega, a Loreto Quintero y a Bujanda. A esos, los debió haber denunciado si hay un poco de congruencia en el PAN, yo siempre les he dicho que si quieren que la gente les tenga confianza nuevamente, empiezan por pedir perdón”.
