Tal y como hace algunos días lo hicieron 21 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, incluyendo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como al dirigente nacional, Mario Delgado, los 13 diputados locales por ese mismo partido, firmaron el mismo documento que los mandatarios estatales, en el que solicitan a la SCJN revierta la suspensión del plan B de la reforma electoral.
En dicho documento, tanto gobernadores y ahora, diputados locales coordinados por Juan Manuel Molina García señalan supuestas anomalías en la suspensión del llamado plan B de la reforma electoral.
Tal plan B surgió cuando el secretario de Gobernación, Adan Augusto López, fracasó en sus negociaciones en el congreso de la unión, para establecer una reforma constitucional electoral enviada por el Poder Ejecutivo, en la cual se desaparecía el Instituto Nacional Electoral (INE) y lo supliría por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Al no lograr la mayoría requerida, el partido oficial aprobó en Cámara de Diputados el llamado Plan B, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional.
A continuación el documento firmado por los diputados locales.
La noche del pasado viernes 24 de marzo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió a trámite una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y le otorgó la suspensión contra el “Plan B” de la reforma electoral, el cual tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE.
La determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales.
Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legitima depositada en el Congreso de la Unión.
Las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE. Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen.
Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los costos de poderes de elites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables.
La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Poder Ejecutivo Federal en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesario entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento.
La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía.
Quienes firmamos este texto manifestamos nuestra más resuelta decisión de seguir pugnando, en el marco de la legalidad y por medio pacíficos y democráticos por la renovación y la moralización de las instituciones.
