Por no tener claro si debería establecerse con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un convenio que mantenga un plazo hasta el último día del ejercicio fiscal de este año, el 31 de diciembre, o bien si debería culminar el último día de la administración municipal actual, el 30 de septiembre, para que esa dependencia haga el cobro por el Derecho por Servicio de Alumbrado Público, la sexagésima cuarta sesión con carácter extraordinario recesó de manera indefinida.
Ayer, el Ayuntamiento convocó a dicha sesión de Cabildo en donde los ediles iban a autorizar que la presidenta municipal, Norma Bustamante Martínez, concrete un convenio con la CFE para que esa institución establezca los términos y condiciones a los que se sujetará la recaudación y aplicación del Derecho en mención para el ejercicio fiscal 2024, lo cual contempla un ingreso para el Ayuntamiento de alrededor de 75 millones de pesos anuales.
El pasado 19 de enero se llevó a cabo la comisión conjunta de Hacienda y Administración Pública y Patrimonio, donde por mayoría se aprobó la celebración del convenio en mención por el cual la CFE podrá hacer un cobro de 15 pesos a cada usuario por el Derecho por Servicio de Alumbrado Público.
Lo anterior fue a petición del regidor Oscar Vega Marín, quien renunció al partido Acción Nacional a principios de 2022 y quien ahora representa al partido Verde Ecologista, el cual está aliado con el partido Movimiento Regeneración Nacional, el cual está en el poder.
El ex panista solicitó que se modificara el plazo del convenio, el cual durante la realización de las comisiones establecía un plazo hasta el 31 de diciembre de este año, es decir, el último día del ejercicio fiscal.
A decir del regidor, el plazo de dicho convenio debería ser hasta el lunes 30 de septiembre del año en curso, el cual es el último día de la administración municipal del 24 Ayuntamiento encabezado por Bustamante.
Primero se solicitó un receso por 10 minutos y posteriormente, el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, solicitó un receso indefinido para revisar la normatividad en la materia.
El contexto
En octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los municipios de Baja California no podían seguir cobrando el concepto del servicio de alumbrado público, entre estos Mexicali, de acuerdo con la acción de inconstitucionalidad 107/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En aquel momento la corte reiteró su criterio, en donde las disposiciones que preveían el pago de contribuciones por concepto del servicio de alumbrado público, basada en el consumo de energía eléctrica, invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, prevista en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), constitucional.
Fue hasta enero de 2021 que el Ayuntamiento de Mexicali volvió a considerar el cobro, pero bajo el nombre de Derecho por el Servicio del Alumbrado Público (DSAP).
El Tesorero Municipal, Roger Sosa Alaffita, puntualizó que en el punto de acuerdo del dictamen 05/24 de la comisión conjunta, está justificado jurídicamente.
Desde el 2022, el Ayuntamiento de Mexicali no hace una distinción en el cobro entre una casa habitación, comercio o industria.
Es decir, a todos estos usuarios se les realiza un cobro de 15 pesos por el derecho de manera igualitaria, de manera mensual.
