En su última etapa se encuentra la negociación del gobierno de Baja California y la empresa Consolidated Water, acerca del destino de la planta desaladora para Playas de Rosarito, el cual fue cancelado de forma abrupta por la administración de Jaime Bonilla Valdez.

Marco Moreno Mexia, secretario de Hacienda del estado, recordó que a consecuencia de esta cancelación la empresa inició una demanda de arbitraje por 52 millones de dólares y otros efectos, ante lo cual el Estado inició una negociación para evitar esta sanción.

El proyecto de la Planta Desaladora de Rosarito se inició originalmente en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, y se suponía que permitiría la desalación de 4.4 metros cúbicos de agua por segundo, lo que equivaldría a un volumen de 140 millones de metros cúbicos del vital líquido para la zona costa de la entidad.

“Me complace decir que estamos ya en la parte final de la negociación, se pudiera decir que ya llegamos a un punto de acuerdo en una discusión con la empresa Consolidated Water, donde nos pusimos de acuerdo y hubo un apretón de manos con el presidente de la compañía”

A pesar de los avances en la negociación, Moreno Mexia advirtió que hasta que se haya firmado un acuerdo jurídico formal no se puede asegurar que el proyecto no represente un riesgo para las finanzas del estado.

Sin embargo, aseguró que el acuerdo propuesto es conveniente tanto para el estado como para la propia empresa, y expresó su confianza en que este mismo año se pueda llegar a una resolución.

“Tiene que ver con la posibilidad de reactivar el proyecto pero ya fuera del ámbito de esta empresa, buscando redimensionarlo a un menor tamaño, posiblemente al 50% de esa capacidad, y en caso de lograrlo estaríamos hablando que tendríamos una oferta de agua adicional para la zona costa del estado”

De acuerdo a lo señalado por el funcionario, de concretarse este nuevo proyecto Baja California estaría asegurando 20 o 30 años de agua potable para la zona costa de la entidad.