Francisco Fiorentini Cañedo, activista en transparencia y rendición de cuentas, dijo dudar de que se llegue a las últimas consecuencias en los casos de corrupción que fueron revelados por autoridades estatales y locales, ya que opinó que mientras los políticos sigan estando a cargo de fiscalizar las cuentas públicas, todo será igual.
El también expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Mexicali, comentó que es una realidad que en México y en esta entidad, la justicia es para unos cuantos, de tal manera en que los políticos solo se la pasan “cambiando fichas” entre ellos, quienes solo responden a sus propios intereses y no los de la ciudadanía.
“Todos perdemos, menos ellos, del partido que sea, esperamos que alguien cambie y los fiscalice. El diputado (Juan Manuel) Molina, con instrucciones de la gobernadora, terminaron de enterrar el Sistema Estatal Anticorrupción a la hora de homologarlo con el Sistema Nacional y ahora está integrado con una mayoría de funcionarios públicos”, lamentó.
Otro claro ejemplo de que los gobernantes solo hacen como que investigan los actos de corrupción, dijo que fue el expediente que realizó el gobierno de Jaime Bonilla en contra de Francisco Vega de Lamadrid, en donde no hubo verdaderas consecuencias en contra del ex gobernante panista.
Ahora que el gobierno estatal actual dice que investigará los actos corruptos hechos por Bonilla y su gabinete, Fiorentini dijo dudar que se llegue a una acción legal.
“Les valió la división de poderes (en el gobierno anterior) se insultaron ellos mismos, se bajaron los pantalones, le dieron reconocimiento (a Bonilla), al que ni siquiera había entregado cuenta pública, bueno, de ellos ahora les toca revisar lo que ellos premiaron como un ejemplo de administración”.
Otro caso que está lleno de irregularidades, añadió, es la investigación del robo de los 3 millones de pesos que se desfalcaron de las cuentas de Bienestar Social Municipal al inicio de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda como presidenta municipal.
Esto ocurrió cuando la ahora diputada Alejandra Ang Hernández era directora de esa institución y ahora es quien preside la comisión encargada de fiscalizar, lo cual para Fiorentini, es un claro caso de conflicto de interés.
“Ojalá que en este país haya un día en que el mal uso de los recursos, se compruebe y se castigue. Mientras los que sigan revisando sean los políticos, eso no va a pasar. Es tarea de la ciudadanía volver a empujar que los órganos internos de control sean independientes”.