Los dos funcionarios de la institución bancaria acusada de no regresar al gobierno estatal 123 millones de pesos retenidos por la fallida construcción de una planta fotovoltaica, desacataron la orden de un juez federal de Monterrey, de presentarse ayer a una audiencia en Mexicali.
Ambos acusados han faltado a cinco audiencias, las dos últimas con el argumento de que dieron positivo a Covid-19, presentando solo los resultados de la clínica donde supuestamente se realizaron la prueba sin recomendación de un doctor, lo cual para el Ministerio Público de Baja California es una clara táctica dilatoria.
El juez federal con residencia en Monterrey, Nuevo León, había concedido una suspensión provisional sobre el caso, con la orden a los acusados de presentarse por su propia voluntad en las audiencias, pero ante la incomparecencia de ambos, podrían perder la protección federal.
Será el juez de control, perteneciente al Poder Judicial de Baja California, quien notifique al juez federal, que no se dio cumplimliento a lo acordado con los acusados, para que él determine una resolución al tema y se pueda reprogramar fecha para la audiencia inicial de formulación a imputación.
A los dos directivos de la institución bancaria, se les acusa por el delito de abuso de retención, en relación con el caso Next Energy, el cual era un proyecto de la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez para construir una planta fotovoltáica, sin contar con los permisos correspondientes.
La audiencia anterior fue diferida porque los acusados argumentaron que dieron positivo a Covid-19, después de un viaje a la Ciudad de México.
El asesor jurídico de los directivos del Banco, informó que un día antes de abordar el avión para Mexicali, pidió a los hombres que se realizaran otra prueba, para salvaguardar su salud y de terceras personas.
Después de diez días, los acusados volvieron a salir positivos al Covid-19, sostuvo su asesor jurídico, quien presentó el resultado de supuestas nuevas pruebas ante la Fiscalía General del Estado y la juez de control, para justificar la falta de sus representados.
Audiencias anteriores se habían diferido por falta de presencia de los mismos acusados, de asesores jurídicos y también de pruebas contra la institución bancaria por parte del Ministerio Público.
La planta fotovoltáica de Next Energy que no se construyó por falta de permisos, comprometía las finanzas estatales por los próximos 30 años.
Una cláusula del contrato establecía que en caso de que no se pudiera financiar el proyecto, se garantizaría el pago mediante la retención mensual de 123 millones de pesos de las participaciones federales correspondientes al estado, a través de un fideicomiso firmado con la institución bancaria representan los ahora acusados.
Al empezar la nueva administración estatal, el contrato fue desconocido, pero la institución bancaria ya había retenido la primera mensualidad de 123 millones de pesos, cantidad que el estado reclama les reintegren.
En total, son once las personas que están vinculadas a proceso por el proyecto de esa planta fotovoltaica.
Entre ellos están ocho ex-funcionarios de la administración estatal anterior, vinculados a proceso por delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
