Dos nuevas denuncias por presuntos actos de corrupción se interpusieron al interior de la administración de Jaime Bonilla Valdez, señalando en esta ocasión al secretario de Salud, Óscar Alonso Pérez Rico y al responsable de Organización, Programación y Presupuesto de la misma dependencia, Carlos Gómez Valdez.
De acuerdo con las quejas presentadas por las compañías Gremium y Logmedic, la primera con sede en Monterrey, Nuevo León y la segunda en la Ciudad de México, ambos funcionarios les habrían solicitado el pago de 1 millón de pesos a cambio de beneficiarlas con contratos de proveeduría.
La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del Estado recibió las denuncias el 14 de diciembre pasado a través de los representantes legales de cada una de las empresas.
En copias de los documentos presentados consta el testimonio de Comercializadora Gremium que asegura haber entregado 1 millón de pesos a Gómez Valdez presentado por el secretario de Salud como el responsable de negociar con proveedores.
“Acordamos reunirnos en otro lugar para conversar; durante la reunión Gómez Valdez nos ofrece diversos contratos de servicio para lo cual debemos pagar por anticipado 10% correspondiente”.
La Comercializadora Gremium manifiesta en su denuncia que en la primera semana de diciembre se le entregó 1 millón de pesos al responsable de Organización, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud por indicaciones del secretario Pérez Rico y posteriormente se les informó que no había proyectos donde pudieran incluirlos como proveedores.
Segunda denuncia
Por su parte la compañía Logimedic denunció también el cobro de 1 millón de pesos a cambio de ser incluida en el cerrado grupo de proveedores beneficiados por la Secretaría de Salud.
La empresa asegura que el cobro les fue requerido por indicaciones del secretario de Salud y también fue a través del responsable de Organización, Programación y Presupuesto.
“Hemos tratado de contactarlo para saber qué contratos serían los que a mi empresa se le otorgarían; dicho funcionario no responde asumiendo que no es su intención proporcionar los contratos ofrecidos”.
El nuevo escándalo de corrupción estalla un mes después de que dos funcionarios del gabinete de Jaime Bonilla Valdez fueron dados de baja para investigarlos también por el cobro de “moches”.
