El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó dos denuncias, una en contra de cuatro regidores y otra en contra de la ex alcaldesa Guadalupe Mora Quiñonez por presuntas violaciones a la normatividad electoral y mal uso de los recursos públicos.
A través de su representante jurídico, el abogado Joel Blas Ramos, presentó los dos recursos como procedimientos sancionadores ordinarios ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Baja California.
La primera denuncia fue en contra de los regidores de Morena José Ramón López Hernández, José Manuel Martínez Salomón, Cleotilde Molina López y Eneyda Espinoza Álvarez, por el presunto uso de recursos públicos durante la campaña electoral en el periodo del 19 de abril al 2 de junio.
Eso sucedió basado en la conocida como “Ley Gandalla”, donde los ediles se fueron a campaña por la reelección, pero al regresar solicitaron que los recursos de apoyo social y dietas o sueldos, les fueran entregados de manera retroactiva.
De acuerdo al argumento del abogado, y basado en las normativas federales electorales, los recursos públicos no pueden ser utilizados en ningún tiempo de la campaña o pedirlos como retroactivos.
Sin embargo, en diversos oficios con fechas de julio y agosto, los regidores solicitaron les regresaran dichos recursos, por una bolsa global superior a los 300 mil pesos.
Por ello en la denuncia, se solicita que sean destituidos del cargo y se convoque a los suplentes por la presunta violación al artículo 78 constitucional del estado de Baja California.
EL OTRO CASO
La segunda denuncia en contra de Mora Quiñonez, es por la presunta violación al artículo 134 de la constitución federal al realizar promoción personalizada a su favor, al colocar una placa en los patios de Palacio Municipal bajo el lema de “Lunes negro”.
Ahí se destaca un evento del 2017 en el que fueron detenidos un grupo de manifestantes, incluyendo a ella misma y denunciando abuso de autoridad de parte de la policía, expresando en la placa un rechazo al entonces gobierno en turno encabezado por el ahora ex alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.
La denuncia del PRI solicita el retiro de la placa como medida cautelar, además se incluye la queja por falta de responsabilidad del partido Morena por no vigilar el actuar de los militantes.
El abogado explicó que la medida cautelar es mientras los magistrados o ministros determinen la sanción, que de encontrarse culpable puede recibir una amonestación pública o hasta cárcel; en tanto Blas Ramos detalló que al no existir confianza en la imparcialidad del Tribunal Electoral local, el recurso podría llegar hasta Sala Superior Guadalaja o ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.
