Ante las reformas al Poder Judicial que el pleno del Congreso del Estado declaró procedentes el viernes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, externó que el Poder Judicial actúa con imparcialidad frente a los casos que debe resolver.
Jorge Ignacio Pérez Castañeda, detalló que actualmente el Poder Judicial del Estado es absolutamente ajeno a cualquier diferendo político, las sentencias no se escriben con colores de Partidos, sino en hoja blanca y con tinta negra, contraste nítido representativo de imparcialidad y del compromiso firme del deber ser”, añadió.
“Desde hace años hemos acudido al Congreso del Estado con esperanza de encontrar eco en legisladores y en el Ejecutivo para que nos asigne presupuesto digno acorde con la necesidad del servicio (…) no hemos obtenido una respuesta que efectivamente permita un crecimiento real del Poder Judicial”, dijo.
Un total de 17 magistrados son quienes integran el pleno del Tribunal de Justicia, los cuales son designados en forma objetiva en atención a méritos y fueron nombrados mediante convocatoria de concurso abierto a cualquier profesional de derecho que reúna los requisitos.
El pleno de magistrados del Tribunal no tiene influencia alguna en la designación de magistrados, ya que esto corresponde al Congreso del Estado de una lista de profesionistas que aprueban todas las etapas del concurso de oposición.
“Los magistrados numerarios del Tribunal cuentan con una carrera en administración de justicia mínima de 25 años, fueron jueces en su totalidad y son especialistas en la aplicación de la norma, por tanto su designación se basó en parámetros objetivos en atención a las cualidades de cada uno de ellos”, manifestó Pérez Castañeda.
En otro tema que fue parte también de las reformas al Poder Judicial, la desaparición del Consejo de la Judicatura, indicó el presidente del Tribunal Superior que éste es un órgano de auxilio en la administración de justicia.
“Representa el trabajo de consejeros y personal auxiliar de diversas áreas administrativas indispensables en el organigrama institucional, por lo que se convierte en un instrumento destinado a fortalecer la autonomía del sistema judicial”, precisó.
Ante estos cambios en el proceso de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y la desaparición del Consejo de la Judicatura, dijo, el Poder Judicial del Estado ejecutará las acciones necesarias para preservar la autonomía e independencia de la institución.
Pérez Castañeda finalizó indicando que se debe de cerrar la puerta a los retrocesos que no abonen a un Estado democrático, antes de que la historia lo demande.
