El contrato para implementar la verificación ambiental vehicular en Baja California, firmado entre el gobierno de Jaime Bonilla Valdez y la empresa Worldwide Environmental, nunca entró en vigor, aseguró el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexia.
Se trató de una concesión otorgada durante los últimos meses de la administración pasada, en un periodo donde la Ley de Entrega Recepción establece el derecho del gobierno entrante a participar en cualquier compromiso que asuma el estado, situación que no se cumplió.
Creado en 2012 por la administración de José Guadalupe Osuna Millán, el programa de verificación ambiental vehicular fue cancelado en 2020 por Bonilla Valdez.
En su momento, el programa fue considerado como un fracaso para la entonces administración estatal, debido a los constantes señalamientos de corrupción que recibió durante los años de su implementación.
“Dejaron firmada una concesión que provocó en nosotros dudas respecto a la validez de una negociación, que sentíamos que el contrato era sustancialmente a favor de la empresa privada, y procedimos a no darle efecto al contrato de concesión”
De acuerdo a Moreno Mexia, el contrato acordado nunca inició efectos debido a que el programa de verificación ambiental no fue incluido en la Ley de Ingresos de 2022, por lo que no hubo responsabilidad por parte de ninguna de las partes.
Aunque desde el año pasado autoridades estatales se encuentran en búsqueda de un mecanismo para implementar un proceso de verificación ambiental válido, hasta el momento el programa continúa suspendido, y no se ha anunciado ningún otro acuerdo relacionado al tema.
