La consulta ciudadana que está organizando el congreso local para validar la ampliación de la “ley Bonilla” no tiene sustento jurídico y será combatida mediante un amparo, anunció la sede local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Ignacio Ochoa Alldregde, vicepresidente del organismo empresarial, subrayó que la legislación no contempla la consulta para la que los diputados crearon una comisión el pasado viernes.
“El congreso no tiene ninguna facultad para llevar a cabo consultas ciudadanas que estén fuera de la ley. Por eso también nos oponemos, porque es un acto claramente ilegal”, apuntó.
La Ley de participación ciudadana sí prevé esta figura para preguntar a la población, sin embargo establece que los temas electorales, entre otros, no pueden someterse a consulta, asintió.
Además establece que la consulta debe realizarla el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC).
