Durante el 2023 fueron rechazadas diversas cuentas públicas por parte de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, presidida por la diputada María Alejandra Ang Hernández, de las cuales destaca la del Poder Ejecutivo del ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, durante el mandato del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
La cuenta pública del Poder Ejecutivo de Baja California del ejercicio fiscal 2021, fue rechazada por diversas inconsistencias referidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El titular de la ASE, Luis Gilberto Gallego Cortez, había manifestado que se presentarían a los Órganos Internos de Control (OIC) los procedimientos de Posibles Responsabilidades Administrativas (PRAS) en donde ellos determinarán las sanciones correspondientes.
También se dijo que ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentarían denuncias de carácter penal por hallazgos particulares, entre ellos daño patrimonial y procesos de adquisiciones.
La cuenta no fue aprobada por irregularidades con relación a generación del desahorro por más de 210 millones; por falta de soporte documental que justifique el gasto; por presentar cuentas de Bancos con saldos de naturaleza contraria por más de 577 millones de pesos y por otorgar apoyos financieros por más de 237 millones de pesos no recuperados.
De igual forma, por la falta de soporte documental en inmuebles y construcciones por más de 4 mil 564 millones de pesos, por no realizar retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el pago de notificadores y ejecutores, por presentar un contrato plurianual con la fotovoltaica con diversas situaciones y por retención por Bank Bajío por 127 millones no recuperados.
Además, por contratos de licitación pública de bienes y servicios a 29 proveedores por más de 510 millones de pesos, la falta de recepción por 13 millones de pesos de colchonetas, equipos de cómputo y desayunos durante la pandemia.
También con relación a Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) se le formularon 23, así como por no tener promociones de facultades de comprobación fiscal y finalmente por tener 26 observaciones recurrentes.
Rechazaron la cuenta pública de manera unánime en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público, con 5 votos en contra, ninguno a favor y ninguna abstención.
OTRA DE TIJUANA
La cuenta pública del Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana, (IMJV) tampoco fue aprobada, por no retener ISR por el pago de compensaciones, previsión social y aguinaldos, por no contar con el plan de previsión social y por estar sin documentación justificatoria 15 finiquitos.
Así mismo, por otorgar apoyos económicos sin la documentación comprobatoria, por tener incorrecta la base para el cálculo del impuesto sobre remuneraciones al estado, por no realizar el inventario de bienes muebles, por no registrar el cálculo por las depreciaciones y por la entrega de 190 laptops sin contar con el padrón de beneficiarios.
La diputada Araceli Geraldo cuestionó a Juan Carlos Rosas, titular del IMJV, sobre los contratos que no se formalizaron por 979 mil 847 pesos, por memorias de USB, tablets marca Samsung Galaxy, audífonos y 420 uniformes de policías juveniles adquiridos por otros proveedores.
“En las compras que se realizaron, en el caso de las USB fue menor a 50 mil pesos, no hay una ley, sino es a través de una invitación restringida cuando se celebra un contrato de compra venta; de igual manera, en el tema de los audífonos fueron compras menores a 50 mil, siendo compras pequeñas”, respondió Rosas.
RECHAZAN EL CEA
El Congreso local rechazó la cuenta pública 2021 de la Comisión Estatal del Agua (CEA) al encontrar diversas irregularidades, entre ellas la no consideración de 175 millones de pesos (mdp), un contrato por una planta desalinizadora no informado y saldos vencidos en cuentas por cobrar por 1 mil 497 mdp.
Durante ese periodo fungieron como titulares de la dependencia Luis Salomón Faz Apodaca del 1 de enero al 31 de octubre y Francisco Bernal Rodríguez, del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2021, este último correspondiente a la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Con fecha 22 de agosto de 2016, la CEA y Aguas de Rosarito, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, celebraron un contrato de Asociación Público Privada (APP) para la construcción, financiamiento y operación de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito (C-SIDUECEA-APP-2015-002).
Como obligado solidario de este contrato se encuentra la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y el Gobierno de Baja California con un costo total de 9 mil 072 millones 882 mil 279 pesos, sin revelar en la cuenta pública su participación en dicho contrato.
Lo anterior incumple con el Postulado de Revelación Suficiente, así como al Acuerdo de Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitido por el Consejo Nacional de Administración Contable (Conac).
El dictamen señala que al cierre del ejercicio 2021, la CEA presenta un importe de 1 mil 450 millones 878 mil 122 pesos por concepto de "Ingreso Modificado" en la publicación del Periódico Oficial del Estado (POE), así como en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2021.
Se observó que la entidad no consideró los importes mencionados en las modificaciones presupuestales siguientes: Sexta que corresponde al oficio número 632/2021 de fecha 8 de diciembre de 2021 por un importe de 6 millones 891 mil 533 y Séptima que corresponde al oficio 737/2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 por un importe de 168 millones 288 mil pesos.
Por lo anterior, el Ingreso Modificado debería de ascender a un monto de 1 mil 626 millones 057 mil 655 pesos, resultando una diferencia de menos de 175 millones 179 mil 532 pesos, que se presenta en la publicación del POE, así como en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2021.
REPRUEBAN AL CESISPE
Una más por destacar, por presentar inconsistencias y un déficit por más de 100 millones de pesos (mdp), la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del congreso local, rechazó la cuenta pública 2021 de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del estado (CESISPE).
Entre los puntos a tratar fue la cuenta pública del 2021, del CESISPE, que para ese año tuvo como titulares a Salvador Morales Riubí y Jesús Núñez, quienes fungieron en este cargo durante la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, además de María Elena Andrade Ramirez quien era la actual titular y su nombramiento se dio en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En lo general, en el ejercicio fiscal 2021, el CESISPE obtuvo ingresos por 981 millones, 509 mil 489 pesos; egresos por 1 mil 091 millones, 147 mil 845 pesos, con lo que se tuvo un déficit por 109 millones, 638 mil 356 pesos.
Entre las irregularidades se encuentra la asignación directa a una empresa por 19 millones 822 mil pesos, por conceptos como gasolinas, medicinas y materiales médicos, además de 17 millones 736 mil 908 pesos cuyo monto no se recuperó en la tienda de abarrotes.
Se contrató a 9 personas a las que se les pagó 244 mil 297 pesos por honorarios asimilables a salarios, sin que se haya descrito el servicio desempeñado, además del sobre pago de 10 mil pesos por arrendamiento, entre otras irregularidades.
El dictamen generado se presentó ante el pleno del congreso local donde también se rechazó.
