El Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California (SEABC) continúa sin mostrar avances a consecuencia de que no se ha legislado para hacer una corrección en sus artículos 16 y 17 para su correcta operación, después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJC) definiera que era anticonstitucional que algunos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sí tuvieran una remuneración y otros no, además que existen propuestas en las que buscan disminuir la participación de los ciudadanos, explicó la diputada Daylín García Ruvalcaba.
La legisladora recordó que después que la Comisión Nacional de Derechos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, los ministros de este órgano concluyeron que no se pueden tratar de manera desigual a los integrantes del comité de participación ciudadana, de tal manera en que a todos se les debe de dar una remuneración, o en su caso, a ninguno, por lo que hasta que se corrija este error en la legislación local, el Sistema Estatal Anticorrupción podría empezara a operar.
García Ruvalcaba recordó que desde el 2020 la SCJN dio su postura sobre la inconstitucionalidad y desde entonces no se ha corregido, puesto que la legislatura anterior no hizo nada al respecto y en la actual tampoco se ha avanzado.
Cabe recordar que la legisladora por el partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para echarlo a andar desde que empezó su gestión en agosto del 2021, pero en diez meses no se ha votado.
El tema lo tiene la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, encabezada por el diputado morenista Juan Manuel Molina García.
El proyecto de dictamen de García Ruvalcaba refiere que en lugar de los quince integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, se disminuya a siete, de los cuales todos tendrían remuneración y de igual manera, todos serían especialistas técnicos en la materia. Estos no tendrían una relación laboral con el Gobierno Estatal y solo se les pagaría como prestadores de servicios.
El objetivo de su propuesta, es que exista la misma cantidad de personas representantes de las autoridades y de consejeros ciudadanos. En el comité coordinador, propone que esté integrado por 14 personas, de estos siete autoridades de gobierno y siete consejeros ciudadanos.
El Comité Coordinador del SEA, en el proyecto de dictamen, estaría integrado por quien ostente el cargo de la titularidad de la Auditoría Superior, así como de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
Asimismo, por quien ostente la presidencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, un persona representante de los síndicos procuradores de los siete ayuntamientos, el presidente del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y de un representante del Comité de Participación Ciudadana, sumando catorce personas.
Para García Ruvalcaba, es imprescindible que los integrantes que representan a los diferentes órdenes de gobierno no superen la cantidad de consejeros ciudadanos, por lo que en su propuesta, se proyecta que los intereses y posicionamientos de los síndicos procuradores de los siete Ayuntamientos de Baja California estén representados por uno de ellos, cuya representación se rotaría de manera anual.
Compite con propuesta de la gobernadora
Otro problema que entorpece la operación del SEA es que también existe una propuesta legislativa de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, en donde busca eliminar a los consejeros ciudadanos a cinco, lo cual generaría una desventaja contra la cantidad de autoridades representadas.
En este escenario, en el Comité Coordinador, donde participan los funcionarios y los consejeros ciudadanos del SEA, los que representan intereses del gobierno tendrían mayoría contra los cinco consejeros ciudadanos, lo cual afectaría el objetivo inicial del mismo sistema, que es luchar contra los actos irregulares.
“La historia nos ha dicho que entre las autoridades entre ellos mismos no se están investigando, entonces necesitamos personas que quieran poner sobre la mesa la realidad”, expresó García Ruvalcaba.