De forma irregular y sin justificación las comisiones estatales de servicios públicos de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada otorgaron contratos a la empresa Fisamex, para el cobro del servicio del agua, reveló el análisis realizado por la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC).
Estos resultados arrojó la revisión a los ejercicios fiscales del 2020 y 2021 de los organismos operadores del agua, en los que se detectaron irregularidades y faltas por parte tanto de la empresa como de las comisiones.
La empresa ROMAFAM, S.A. DE C.V. (Fisamex) fue contratada por el gobierno estatal encabezado por el actual senador Jaime Bonilla Valdez, para realizar el cobro por derechos de conexión del servicio de agua y alcantarillado a usuarios no domésticos en Baja California, concepto por el que recaudó 1 mil 810 millones 971 mil 370.94 pesos.
Por esta actividad la empresa cobró al estado el 20% del monto total recuperado, lo cual asciende a 354 millones 34 mil 28.46 pesos.
Los resultados del análisis fueron dados a conocer por el diputado Diego Echevarría Ibarra, quien anunció que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los involucrados en la firma de los contratos, entre los que resaltan dos funcionarios de la actual administración.
Según el informe presentado por la ASEBC, la asignación del contrato debió haberse realizado por un proceso de licitación, no de asignación directa, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado.
Tampoco se encontraron pruebas de que existiera una falta de personal capacitado, como justificaron los organismos públicos del agua, ya que trabajadores de las comisiones podrían haber realizado el trabajo a un costo menor.
Se consideró que Fisamex no cumplió con las obligaciones señaladas en el mismo contrato, según las cuales debía elaborar una estimación del importe a pagar por los usuarios no domésticos por derechos de agua, cuando en realidad se limitó a generar dictámenes técnicos usando sólo información proporcionada por las comisiones.
Por otra parte, el informe hace constar que en ningún momento la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en Baja California contempla la posibilidad de que los organismos del agua (CESPM, CESPT, CESPTE y CESPE), entreguen sus facultades a un privado, como ocurrió con Fisamex.
Entre los representantes que aparecen en los contratos celebrados con Fisamex se encuentran el actual secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, José Armando Fernández Samaniego, entonces director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y el presidente municipal de Tecate, Darío Benítez Ruíz, entonces director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE).
Los cobros realizados a diferentes empresas instaladas en Baja California derivaron en al menos 77 impugnaciones por parte de los usuarios, quienes realizaron el pago bajo protesta de los dictámenes generados por Fisamex.
El total de recursos presentados equivale a un importe de 239 millones 103 mil 551.27 pesos, de los cuales 58 millones 496 mil 462.61 pesos tuvieron que ser devueltos a 20 empresas que ganaron el proceso de amparo, la mayoría (16) de Mexicali.
A estas se suman ocho empresas que obtuvieron la devolución de su recurso mediante un convenio con la CESPM, las cuales suman un monto de 47 millones 77 mil 504.10 pesos.
Existe una empresa más que se encuentra a la espera de que le sea devuelto un monto de 4 millones 388 mil 556.14 pesos entregado como pago a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
De los procesos restantes 46 se encuentran a la espera de su resolución final, mientras que dos empresas de Ensenada decidieron presentar un desistimiento.
A pesar de las afectaciones que estos procesos de amparo podrían representar para las arcas del gobierno estatal, los contratos firmados por Fisamex no aclaran los efectos que estas devoluciones tendrán en el pago entregado a la empresa, señalando que esto será sujeto a la interpretación de ambas instituciones.
En rueda de prensa ante medios de comunicación, el diputado Echevarría Ibarra resaltó que los resultados de la ASEBC serán enviados a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública del Estado, que definirá si se incurrieron o no en faltas administrativas.
“Nosotros en lo individual también haremos las denuncias correspondientes contra los consejos de administración de las comisiones operadoras del agua, también como el ex-gobernador Jaime Bonilla, porque formaron parte de toda esta red de corrupción, utilizando el agua como un método de extorsión”.
Entre los posibles delitos que considera el legislador pudieron haber incurrido los representantes de los organismos del agua se encuentran la coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones o facultades, tráfico de influencias y usurpación de funciones públicas por parte de la empresa.
