Alrededor del 90% de las empresas que demandaron cobros indebidos derivados de auditorías por consumos de agua y derechos de conexión a la red hidráulica, recibieron sentencia a su favor, dijo el abogado fiscal Iván José Curiel Villaseñor.
Sin embargo, el fallo emitido por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), fue recurrido y ahora será resuelto por el pleno del mismo tribunal.
"Es un proceso judicial natural, interpuso recursos de revisión, que no es otra cosa que apelación en contra de estas sentencias buscando que sean revocadas", dijo el representante de estas empresas.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información mediante el Portal Nacional de Transparencia, hasta el mes de agosto el cuarto juzgado del TEJA tenía siete casos con sentencia o en apelación, a favor de las empresas, con un monto superior a los 20 millones de pesos.
Hay otros 16 casos que siguen en proceso por montos que van desde los 19 mil pesos hasta los ocho millones de pesos.
"Los argumentos son muy sólidos y tenemos bastantes elementos para acreditar la ilegalidad de esos cobros, será cuestión de esperar que se vea materializada la devolución", señaló el abogado fiscal.
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Curiel Villaseñor, quien fue brevemente magistrado anticorrupción en Baja California, dijo que las empresas que él representa fueron "persuadidas" a pagar, y después se inconformaron legalmente por el cobro.
Hasta septiembre de 2021 el gobierno de Jaime Bonilla había cobrado mil 812 millones de pesos por las auditorías realizadas por Fisamex en todo el estado, y ya había ejercido mil 600 millones de ese dinero, según un informe presentado por la entonces secretaria de la Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa, Romafam S.A. de C.V., razón social de Fisamex, recibió poco más de 350 millones de pesos que equivale al 21% de lo recaudado,
Hoy la empresa no ha sido localizada para recibir notificaciones, pues abandonó la oficina que rentaba en un edificio de la avenida Hipódromo, en el fraccionamiento del mismo nombre.
El abogado Iván Curiel detalló que la impugnación de cobro se dio en todas las comisiones del agua en el estado, pero hicieron "un mismo frente" para el desarrollo de los juicios.
Sobre la fecha de resolución final estimó que esto ocurra a finales de año o principios del próximo.
Hasta septiembre de 2021 el gobierno de Jaime Bonilla había cobrado mil 812 millones de pesos por las auditorías realizadas por Fisamex en todo el estado, y ya había ejercido mil 600 millones de ese dinero
