La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas cumple hoy 154 días sin titular, lo que ha generado que los familiares y colectivos sean quienes realicen los operativos para encontrar a sus seres queridos.
El 31 de agosto de 2023, Rafael Hernández Murrieta presentó su renuncia a la dirección general de la Comisión Estatal de Búsqueda, mientras la Ley en Materia de Desaparición Forzada comenzó su gestación en el Congreso del Estado.
Como encargada de despacho quedó María Antonieta Sauceda Carrillo, quien permanecerá ahí hasta que esa legislación sea aprobada en el Congreso, según indicó la diputada Rocío Adame Muñoz, inicialista de la propuesta de esa Ley, presentada en octubre de 2023.
A 154 días de la renuncia de Hernández Murrieta, la Comisión permanece sin titular y, según familiares de personas desaparecidas, sin capacitación y recursos para realizar los operativos de búsqueda.
Gonzalo Moreno Márquez, padre del joven desaparecido Kevin Moreno y fundador de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California, señaló que la Comisión quedó limitada a facilitar el transporte y comida para las víctimas indirectas en los operativos, dejando de lado las labores de búsqueda.
“La Comisión se ha convertido en alimentos y transporte, porque de búsqueda no tiene nada más que el nombre; su único trabajo es llevar alimento a los colectivos y generar el transporte a través del IMOS (Instituto de Movilidad Sustentable). Pero a final de cuentas un trabajo de búsqueda no hay”, manifestó.
Las personas al interior de la Comisión, afirmó, tienen poca experiencia y nula capacitación, lo que en ocasiones representó retrasos en los operativos. Debido a esto, la Célula de Búsqueda e Investigación optó por realizar los operativos por su propia cuenta.
Por su parte, Irma Leyva Sosa, madre de Diego Hernández Leyva, desaparecido hace 17 años y fundadora del colectivo Madres Unidas y Fuertes, sostuvo que no hay personas preparadas al frente de la Comisión tras la salida de Hernández Murrieta.
“Para nada nos sirve la Comisión de Búsqueda, porque nada más tenemos una personita, que hace lo que puede, pero no tenemos personal. ¿Qué Comisión de Búsqueda es esa?”, cuestionó.
Leyva Sosa mencionó que cuentan con el apoyo de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional (GN) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) que les ayudan en los operativos.
Si el gobierno del estado quiere desintegrar la Comisión de Búsqueda, agregó, que lo haga, ya que ellas no cuentan con ese apoyo.
“Si no va la Comisión, ‘nos vale madre’, nosotros vamos a búsqueda porque sabemos que esas personitas que ves (FGE, GN y DSPM) nos dan el apoyo al 100%”, manifestó.
Por su parte, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, Ángel Záizar Prado, se dijo extrañado por la renuncia de Hernández Murrieta y por la tardanza en realizar un nuevo nombramiento.
Comentó que se podría reconsiderar la restitución del ex comisionado en caso de haberse debido a un conflicto interno, ya que Catalino Zavala Márquez presentó en diciembre su renuncia a la titularidad de la Secretaría General de Gobierno, dependencia que está a cargo de la Comisión de Búsqueda.
Según declaró la diputada Adame Muñoz, el nuevo comisionado será designado hasta que dicha legislación quede aprobada por el Congreso del estado.
Agregó que la designación ya no se daría por medio de un consejo técnico consultivo formado por colectivos y organizaciones civiles, sino que ahora la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda deberá enviar una terna al Congreso para que designe una de las opciones.
Sin embargo, la propuesta de ley permanece sin ser votada en comisiones, cumpliendo así alrededor de 6 meses desde que se abrieron las mesas de diálogo para su creación.
El reciente jueves la diputada Adame Muñoz comentó que la propuesta fue enviada al Poder Ejecutivo para su evaluación y que posteriormente la presentarían a los colectivos de búsqueda para su aprobación y así turnarla a comisiones.
Sin embargo, Leyva Sosa, Moreno Márquez y Záizar Prado negaron haber sido contactados por la diputada para el análisis de la ley.
Záizar Prado cuestionó que los diputados del Congreso no hayan podido votar una Ley de desaparecidos local, a pesar de que a nivel nacional ya existe dicha legislación desde noviembre de 2017.
“Una Ley tan importante, con el retraso que traemos como Estado, creo que nada más somos cinco estados en todo el país que no tenemos Ley de Desaparecidos; es urgente hacerlo bien”, expresó.
Moreno Márquez comentó que el último contacto que tuvo con la diputada Adame Muñoz fue a finales del 2023, cuando les mencionó que la Ley podría publicarse en febrero del presente año, pero estaban negociando el presupuesto que asignarían a la Comisión, recurso que quedó descartado y dejado a consideración de las autoridades en la propuesta, según Adame Muñoz.
El padre de Kevin Moreno aseveró que no tiene sentido que la Ley no fije un recurso asignado específicamente a la Comisión Estatal de Búsqueda.
“Al final de cuentas la Comisión Estatal de Búsqueda requiere un presupuesto mucho mayor a los cinco millones de pesos que estimaron, por las condiciones en las que se encuentra y lo que ha avanzado el tema de búsquedas forenses y en vida”, manifestó.
El presupuesto de la Comisión, agregó, debería de superar incluso los 50 millones de pesos, debido al equipo tecnológico necesario para realizar las búsquedas.
“La Comisión Estatal de Búsqueda está quedando totalmente atrasada en el liderazgo que debería de tomar. Aunado a un bajo recurso o un bajo presupuesto, pues todavía pone más en riesgo el tema de lo que en realidad va hacer o que pueda hacer”, puntualizó.
Por su parte, Leyva Sosa consideró que deberían ser los colectivos y los familiares de los desaparecidos quienes participen en la designación del titular de la Comisión.
También cuestionó qué se está haciendo con los recursos federales que son enviados a la Comisión, ya que -aseguró- son muchos y no se están viendo reflejados en el trabajo de la dependencia.
