De acuerdo al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, todas las instituciones públicas deben contar con unidades de género y de derechos humanos para responder ante un caso de acoso, tal y como lo hicieron hace unos días estudiantes del Colegio de Bachilleres en el Plantel José Vasconcelos Calderón.
Maricarmen Rioseco Gallegos, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres, explicó que las instituciones de gobierno están obligadas a contar con dicha unidad desde el pasado enero, el cual permite contar con un protocolo para responder ante estos casos.
Este ente debe estar conformado por autoridades de la institución, pero también por representantes del alumnado, el cual debe de indicar la manera de prevenirlos y hasta los medios para interponer una queja formal de manera administrativa.
“Esto se tiene que retomar porque están ahí las pruebas, además de los testigos y los que están denunciando, las víctimas, están también las pruebas, que son los mensajes que se mandan de manera electrónica; son muestras fieles que demuestran las conductas de agresión y hostigamiento”.
Los responsables en que se instalen estas unidades al interior de las instituciones, explicó, son la Secretaría de Educación, la Dirección del Instituto de la Juventud y el Instituto Estatal de la Mujer, sobre todo la Secretaría de Educación, ya que tiene un lugar y tarea en el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Eliminación de la violencia hacia las mujeres, lo cual se consolidó en la última sesión de trabajo que se hizo antes de la emergencia sanitaria.
En este caso, dijo que institución es la responsable de contar con los mecanismos para prevenir este tipo de situación, porque si bien la conducta de acoso la ejerce un docente, la institución es la que tiene que buscar que las normatividad sea clara y precisa para proteger a las estudiantes, en donde el objetivo primordial debe ser que no se agrave la situación, ya que puede culminar en un delito grave, como una violación sexual o trata de personas.
Si se tiene conocimiento de que presuntamente un docente ya realizó alguna forma de violencia física, la institución debe de tomar acciones administrativas, sentenció.
“Ellos lo tienen que detener en la parte administrativa antes de que se convierta en un delito penal”.
Falta vinculación
Rioseco resaltó que estos mecanismos deben de ser conocidos por la población, sin embargo no han sido socializados de una manera en que sea vinculante.
La activista hizo el llamado a que nuevamente a través de la Secretaría General de Gobierno que se reúna el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Eliminación de la violencia hacia las mujeres para dar seguimiento a este tipo de temas, tal y como el acoso que señalaron estudiantes del Colegio de Bachilleres de Baja California en el Plantel José Vasconcelos, quienes mediante una protesta, pero también en redes sociales han referido que un docente acosa alumnas también a través de medios digitales.
“Existe una normatividad, existe un mecanismo estatal, que es el sistema y existen leyes que están dentro de las secretarías que les compete en lo que tiene que ver con la parte estudiantil y de protección a las niñas y a las adolescentes”.
