Una recomendación por detención arbitraria, retención ilegal y tortura fue emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual se acusa a elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y de la entonces Policía Estatal Preventiva (PEP), ocurrida en 2011 en Tijuana, Baja California.
Cabe señalar que durante dicha gestión se encontraba Gilberto Landeros Briseño al frente de la II Zona Militar en Tijuana, actualmente nombrado secretario de Seguridad Ciudadana en Baja California, así como Osiel García Hernández como director de la entonces PEP. Ante esto se buscó un posicionamiento del titular de la dependencia de Seguridad Ciudadana, sin embargo se estaría canalizando a la unidad jurídica para proceder con una respuesta sobre este tema.
La recomendación emitida por la CNDH bajo el número 1/2022, se envió al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. En la misma se emite la reparación del daño material e inmaterial de ambas víctimas, así como proporcionar atención psicológica especializada e implementar medidas necesarias para evitar repetición de estos hechos.
LOS HECHOS
En ésta se informó que los hechos se suscitaron el 19 de enero del 2011 en Tijuana, donde para defender la integridad e identidad de ambas víctimas, solo se refirieron a ellas bajo el señalado V1 y V2. En el primer caso, V1 se encontraba realizando un trabajo de encarpetado cuando cerca de las 09:00 horas su jefe le pidió ir a la tienda a pocas cuadras del lugar y al llegar escuchó detonaciones de arma de fuego.
Al salir del negocio se percató de la presencia de civiles armados, quienes tras cuestionarlo lo agredieron y esposaron, subiéndose a un vehículo donde lo continuaron golpeando, siendo trasladado a las instalaciones de la PEP. Tras esto fue llevado a un cuarto donde continuaron cuestionando por un tal “Huicho”, así como casas de seguridad y droga y al no saber lo golpearon en cara, para luego tirarlo en una colchoneta mojada donde pusieron una toalla en cara y le echaron agua y se le arrodillaban en pecho.
Elementos del Ejército Mexicano lo trasladaron a instalaciones militares donde lo llevaron a un cuarto y le colocaron papel de baño en la cabeza con cinta adhesiva, donde lo cuestionaron sobre personas diversas que no conocía, recibiendo descargas eléctricas por 20 minutos.
Durante los cuestionamientos por parte de elementos del Ejército lo continuaron golpeando, lo colgaron de las manos sin tocar suelo y lo agredieron con un bate en todo el cuerpo, sobre todo en el área de las costillas.
MISMO “OPERANDI”
Por su parte, la segunda víctima (V2) refirió que en la misma fecha, cerca de las 09:30 horas se encontraba dentro de una casa junto a otras dos personas, cuando escuchó detonaciones de arma de fuego y salieron para ver lo que ocurría. En el lugar se percataron de elementos militares, quienes le solicitaron salir de la vivienda, donde soldados los tiraron al suelo para comenzar a golpear y posteriormente a la víctima la subieron a una camioneta de la PEP.
Antes de que le cubrieran el rostro alcanzó a ver a policías de uniforme azul con insignias de la “Policía Estatal”, siendo posteriormente trasladado a instalaciones de la Policía Estatal Preventiva donde lo volvieron a golpear y colocaron bolsa de plástico en rostro, cuestionándolo por armas y casas de seguridad. Igual que a la primera víctima, lo tiraron en una colchoneta donde colocaron un trapo en la boca y le echaron agua mientras continuaban los cuestionamientos.
Momentos después fue entregado a elementos militares, quienes lo llevaron al cuartel militar y continuaron golpeándolo. Luego lo tiraron en un colchón y lo pisaron mientras le echaban agua en el rostro, donde lo amenazaron que confesara delitos de robo, homicidio y secuestro.
Como parte de los actos de tortura colocaron cinta canela en rostro y se la arrancaron con fuerza, logrando desprenderle partes de la piel de nariz y la boca, mientras uno de los militares lo pateó en testículos, además recibió toques eléctricos en cuello y agresión con un martillo de goma.
La declaración culminó de forma similar informando fueron puestos ante el Ministerio Público Federal donde permanecieron arraigados por 80 días.
