Las ciudadanas Cordelia Casas y Aracely Piña, acudieron a la Cámara de Diputados federal, en la Ciudad de México, para presentar solicitud de juicio político en contra de diputados de la XXII Legislatura, que aprobaron la llamada Ley Bonilla.

El 8 de julio de 2019, diputados de la XXII Legislatura del estado, aprobaron la llamada Ley Bonilla, con la que se pretendía que el gobernador, Jaime Bonilla Valdez aumentará su periodo de gobierno del 2 a 5 años.

Lo anterior, fue declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), e incluso fue considerado como fraude post electoral y fraude a la Constitución lo que fue motivación para las ciudadanas, para presentar la solicitud de juicio político.

El abogado y regidor por el PRD, Fernando Rosales, comentó que la solicitud ya fue recibida en la Ciudad de México, y la solicitud es que una vez que esto proceda, sean separados de sus cargos de servidores públicos que eran diputados la pasada Legislatura.

Tal es el caso del secretario de Educación Catalino Zavala, así como Rocío López Gorosave, entre otros, o bien, quienes aún son diputados como Víctor Morán y María Trinidad Vaca Chacón o Claudia Agatón.

También se contempla a los ex diputados del PAN, que en esa época eran mayoría, como Carlos Torres Torres, Mónica Hernández, Iraís Vásquez Aguiar, José Félix Arango Pérez, Sergio Tolento, Victoria Bentley entre otros, o los del PRI como Alejandro Arregui, Blanca Patricia Ríos López, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, entre otros.

“Sin duda es este un ejercicio muy apegado a la propia Constitución federal, y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que faculta esa denuncia, y sobre todo la inhabilitación que se está pidiendo e uno a veinte años para ejercer el servicio público.

Las ciudadanas también acudieron a presentar otros escritos, uno de ellos relacionados al derecho humano al acceso al agua, esto, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como una carta al Presidente de la República, para que haga válida la consulta que rechazó la presencia de la empresa Constellation Brands.