/ miércoles 29 de junio de 2022

Citan a comparecer al ex gobernador, Jaime “N”, el 15 de agosto

Entre otros ex funcionarios públicos que presuntamente estuvieron involucrados en un desfalco en contra de las arcas estatales

Derivado de una denuncia que interpuso el gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado de Baja California citó a comparecer al ex gobernador, Jaime “N”, entre otros ex funcionarios públicos que presuntamente estuvieron involucrados en un desfalco en contra de las arcas estatales después de haber contratado a una empresa para la creación de una planta fotovoltaica.

Ricardo Iván Carpio, fiscal general en la entidad, detalló que desde ayer se emitió el citatorio a los ex servidores públicos que estuvieron presuntamente involucrados en dicho contrato que comprometió participaciones federales de la entidad y que se celebró pese a no haber contado con los permisos federales para su creación.

Al respecto, la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que no se está realizando una simulación en la investigación.

“Se está llevando a cabo el debido proceso ante una denuncia que se interpuso por parte del Gobierno del Estado para proteger el patrimonio de las y los bajacalifornianos”.

El contrato generaba una afectación de 12 mil millones de pesos a las finanzas estatales.

Derivado de una denuncia que interpuso el gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado de Baja California citó a comparecer al ex gobernador, Jaime “N”, entre otros ex funcionarios públicos que presuntamente estuvieron involucrados en un desfalco en contra de las arcas estatales después de haber contratado a una empresa para la creación de una planta fotovoltaica.

Ricardo Iván Carpio, fiscal general en la entidad, detalló que desde ayer se emitió el citatorio a los ex servidores públicos que estuvieron presuntamente involucrados en dicho contrato que comprometió participaciones federales de la entidad y que se celebró pese a no haber contado con los permisos federales para su creación.

Al respecto, la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que no se está realizando una simulación en la investigación.

“Se está llevando a cabo el debido proceso ante una denuncia que se interpuso por parte del Gobierno del Estado para proteger el patrimonio de las y los bajacalifornianos”.

El contrato generaba una afectación de 12 mil millones de pesos a las finanzas estatales.

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