La citación enviada a Jaime Bonilla Valdez, que lo obligó a presentarse hoy por la tarde ante la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio de la Sociedad, Estado y Justicia de la Fiscalía General del Estado (FGE) busca verificar que el domicilio presentado por el ex-gobernador es real, informó el consejero jurídico Juan José Pon Méndez.
Resaltó que se trata de algo natural en el desarrollo del proceso penal que lleva la Fiscalía por el caso de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy, dentro del cual ya van nueve personas vinculadas a proceso y ocho actos de apertura a juicio, cinco contra ex-funcionarios y tres contra particulares.
LOS DELITOS
Los delitos por los que se acusa a los señalados son uso ilícito de atribuciones, uso ilícito de atribuciones y facultades por particulares, y peculado, además de abuso de autoridad.
“El propósito primero de verificar que efectivamente ese escrito fue signado por el señor Jaime, y segundo para poderle dar todos los elementos necesarios para que pueda llevar a cabo su derecho a la defensa”
El funcionario estatal confirmó además que a pesar de haber cancelado el proyecto, la empresa bancaria, cuyo nombre no se puede pronunciar por decreto de un juez, continúa insistiendo en que el Gobierno de Baja California pague lo acordado por el costo del proyecto, que a la fecha sumarían alrededor de 4 mil 500 millones de pesos de las aportaciones federales del estado.
A LA ESPERA DEL DINERO
Según confirmaron las autoridades, hasta el momento no se ha entregado otro pago a la Banca, y se sigue intentando que se devuelvan los 123 millones de pesos cobrados el primer mes.
De acuerdo a Pon Méndez, las sanciones por el delito de abuso de autoridad pueden llegar a los nueve años de prisión, por uso ilícito de atribuciones y facultades 12 años y 16 años por el delito de peculado.