La falta de apoyo federal para la adquisición de alimento en los comedores comunitarios de la zona centro ha derivado en su cierre, dejando sin comida a más de 420 personas que asistían diariamente a ellos.
Altagracia Tamayo, directora del Centro Comunitario Cobina, donde se encuentra el Comedor Comunitario 1, señaló que desde que inició esta contingencia sanitaria ha recibido muy poco apoyo de las autoridades para alimentación, con lo que logró mantener por un tiempo a migrantes y personas en situación de calle.
“No tenemos alimento, el gobierno federal no nos ha dado alimentos, me apoyó hace un mes el gobierno del estado con unas despensas y el DIF municipal, pero no alcanza”.
Alrededor del 80% de las personas alimentadas en este comedor, ubicado en la zona centro, son hombres, mujeres y niños migrantes y personas en situación de calle, a los que dejaron de proveerles alimentos por falta de apoyo.
La también encargada de la Posada del Migrante mencionó que gracias a las donaciones de asociaciones y particulares a la red de albergues migrantes de Mexicali, se ha logrado alimentar a los que se encuentran en estos lugares y que el poco recurso que está llegando se está utilizando en la elaboración de comida que es llevada a varios hospicios migrantes del Centro Histórico.
“Optamos por cerrar, porque si seguíamos dando, no íbamos a poder seguir apoyando a los demás; les estamos llevando alimentos al Camino y a Alfa y Omega, nada más, no tengo suficiente alimento para darle a todos”.
Gene de la zona centro, olvidada
Por otra parte, Altagracia Tamayo manifestó que las personas de escasos recursos de esta zona de la ciudad no han sido tomadas en cuenta por el gobierno en la entrega de despensas, ya que el recurso se está yendo a la zona Poniente y Oriente de la ciudad.
“En la zona centro el 80% son personas de la calle, migrantes y de bajos recursos y ya nadie les está dando alimento, gente que estaban en las vecindades que no tiene qué comer, se iban al comedor”.
“En el centro de la ciudad son doce vecindades, más de 300 personas, más las trabajadoras sexuales, suman más de 500 y no les han llevado nada”.
