Sin el pago del finiquito que les corresponde por ley ni más opciones que una renuncia “voluntaria” o un traslado a otra mina en Aguascalientes fue como quedaron cerca de 80 trabajadores de la Real de Ángeles, perteneciente a Grupo Frisco, luego de la suspensión de sus actividades a partir de ayer.
Esto fue lo que denunciaron a LA VOZ DE LA FRONTERA trabajadores afectados, quienes en días anteriores presentaron una demanda ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) sobre la situación en la que los tiene la empresa.
De acuerdo a Rogelio Ormar Castro, residente de San Felipe que laboró 19 años en la mina, en días anteriores al cierre la empresa despidió a más de 100 trabajadores sindicalizados, a quienes se les pagó lo correspondiente por ley, quedando únicamente cerca de 108 empleados de confianza.
A estos, lo único que se les ofreció fue la opción de presentar su renuncia voluntaria o ser trasladados a otra mina, ubicada en Aguascalientes, pero la empresa no cubriría los gastos de traslado o vivienda.
Las operaciones están totalmente paralizadas, no hay ninguna actividad dentro; se nos ofreció un finiquito dónde nada más venía la quincena, el proporcional del aguinaldo y el fondo de ahorro, más algunos días de vacaciones que pudiéramos tener, pero nada más.
El trabajador consideró que esta oferta por parte de la empresa es una simulación para no otorgar la liquidación que corresponde a los trabajadores.
Por su parte Tranquilino González Torres, originario de Jalisco y con más de ocho años de trabajo en la Real de Ángeles, explicó que desde la tarde del miércoles personal de la mina cerró el campamento en donde había estado viviendo con cerca de 39 de sus compañeros, campamento que fue desalojado en su totalidad la madrugada de ayer.
Opciones no nos dieron nada, liquidación no nos dieron nada, nos dijeron la renuncia voluntaria, te cambias a Aguascalientes, o te cambias a Tayahua, pero no hay más que el salario que tú tienes.
LA VOZ DE LA FRONTERA acudió ayer a las instalaciones de la mina, a la vera del kilómetro 123 de la carretera a San Felipe, municipio al que pertenece el terreno que ocupa la empresa y donde guardias que se encontraban resguardando la entrada señalaron que estaba prohibido el paso.
Además de la afectación a los trabajadores, la mina Real de Ángeles mantiene un conflicto con ejidatarios del Plan Nacional Agrario, quienes son los dueños de las tierras que explota la empresa.
Jasmín González, presidenta del comisariado ejidal, explicó que la mina tenía un contrato con 214 ejidatarios para el aprovechamiento de sus tierras, el cual terminó en 2019 y no ha sido renegociado.
Según lo dicho por la entrevistada, este contrato tuvo una duración de 20 años y especificaba un pago de 2 millones de pesos por año, pero debido a la falta de acuerdos, no se les ha entregado pago alguno en los últimos cuatro años.
Acerca del cierre de la mina, la presidenta del comisariado ejidal aseguró que no se les ha dado ningún aviso sobre el cierre y que se mantiene activa una demanda en el Tribunal Agrario derivada del conflicto.
Yo considero que esto no es una estrategia, podrán checar en noticias pasadas, lo han hecho otras veces; se declaran en quiebra, corren al personal de confianza, a los sindicalizados no les quieren pagar, se van dos o tres meses y al rato ¡pum!, la mina a todo su apogeo con un nuevo proyecto, con gente de fuera.
A pesar de la espera y la falta de acercamiento por la empresa, los ejidatarios se dijeron dispuestos a continuar con el convenio, siempre y cuando se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes.
En lo que respecta a las contribuciones municipales, la mina no ha realizado ningún pago correspondiente al ejercicio fiscal 2022, aseguró el presidente del Concejo Fundacional de San Felipe, José Luis Dagnino López.
De acuerdo al funcionario, la empresa no ha entregado lo correspondiente al pago del predial de este año, ni por los derechos por inspecciones realizadas por diversas áreas del nuevo municipio, como la Dirección de Medio Ambiente y la de Bomberos.
Es lo que respecta al ejercicio fiscal del 2022, no tenemos exactamente ahorita la cifra; de igual forma los derechos de la inspección, de estás visitas que comento de la información de Protección Civil, no han realizado ningún pago al municipio de San Felipe.
Dagnino López indicó que no han cumplido al 100% con sus obligaciones municipales, por lo que esto podría acarrear multas y recargos, y hasta hacerlos acreedores a un embargo.
En lo que se refiere al tema laboral de los trabajadores, señaló que ese corresponde a las autoridades federales, quienes son las encargadas de atender esas demandas.
