Tijuana.-La Fiscalía General de Baja California (FGE), ocupa el lugar 28 de 32 a nivel nacional en productividad, por lo que es urgente que dicha institución mejore en sus procesos, en beneficio de la ciudadanía.

Lo anterior lo expuso el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), Roberto Quijano Sosa, quien se basó en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para hacer el análisis.

Indicó que hay déficit de instalaciones, protocolos, falta de investigación, de agentes ministeriales, existe un área de investigación desmantelada y los ciudadanos pasan cuatro horas para presentar una denuncia.

“La Fiscalía de Baja California debe revisarse, se habla de autonomía, yo veo al fiscal (Ricardo Iván Carpio) muy cercano a la gobernadora. Qué bueno que así sea, pero el fiscal debe ser autónomo. Está en brindis fin de año, en las conferencias con la gobernadora, pero cuando convocamos al fiscal dice que él no, porque es autónomo”, expresó.

Ante medios de comunicación, Quijano Sosa hizo un llamado al titular de la FGE para que se comprometa a mejorar las condiciones en las que opera la institución.

ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

“Estamos a favor de la autonomía, a favor de la cercanía con la autoridad, pero mucho más a favor de los resultados. ¿Cuál es el compromiso del fiscal para ir recorriendo lugares adelante?”, manifestó.

El presidente del CCSPBC lamentó que haya de nuevo incidencia del delitos como el secuestro, que había prácticamente desaparecido en los últimos años, que se suma al alza en la incidencia delictiva de 13%, durante el año pasado.

“Nosotros lo venimos diciendo, señalando el crecimiento de la incidencia delictiva. No hay planes de trabajo, ni hay coordinación. No hay programas preventivos, es resultado de falta de responsabilidad y coordinación y de tomar el tema enserio. El tema se toca cuando hay incidente grave o conviene políticamente a la alcaldesa y gobernadora”, manifestó.

Por último, indicó que la baja productividad de la FGE se ha traducido en una impunidad de más del 90% en los delitos.

“Tenemos que fortalecer las instituciones, a los investigadores, a todo lo que consiste, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como la Fiscalía, pero mientras eso no se haga, en la realidad, o si se hace, es dinero tirado a la basura porque no se dan los resultados”, concluyó.