El presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, Francisco Fiorentini Cañedo, manifestó que el dar carpetazo al caso de los moches es un mensaje de impunidad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo anterior, debido a que la FGE informó a través de un comunicado que esta determinó el no ejercicio de la acción penal iniciada por el delito de negociaciones ilícitas, en contra de Jesús Demian N y Cinthya Gissel N, ex oficial mayor y ex secretaria del Bienestar del gobierno de Jaime Bonilla.
En diciembre de 2019, a un mes de iniciada la administración estatal, se desató el escándalo de los moches, en el que a los señalados se les involucró en la solicitud de dinero a empresarios con el fin de garantizar contratos, esto, antes de iniciar la gestión de Bonilla.
Al respecto, Fiorentini Cañedo expuso que mientras las autoridades encargadas de investigar conductas de corrupción cometidas por servidores públicos sean designadas sin el escrutinio público y solo bajo criterios de amistad, compadrazgo o incondicionalidad con el gobernador, no habrá garantía para la sociedad de que los funcionarios corruptos afines a la administración respondan por sus acciones u omisiones.
La determinación de la FGE representa, a su vez, un mensaje de impunidad que genera un rechazo categórico por ser contrario a la obligación constitucional de combatir a la corrupción
Expuso que es impostergable asumir el compromiso de realizar investigaciones exhaustivas e independientes en los ámbitos penal y administrativo sobre posibles actos de corrupción en Baja California.
En la Constitución los aspectos penales y administrativos se desarrollan de manera autónoma, por lo que la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública debe fortalecer su investigación sobre la denuncia que recibió por la entrega de dinero a cambio de contratos de servicios gubernamentales ya que afecta de manera directa a la sociedad.
Su actuación redundará en la confianza de los ciudadanos para con las instituciones y su responsabilidad de dar resultados contundentes en el combate a la corrupción, en particular de aquellos delitos y actos administrativos que cometen los servidores públicos.
En cuanto a la determinación de la FGE, por ser la ofendida, la sociedad está en condiciones de promover de manera individual o colectiva un recurso para combatir el no ejercicio de acción penal con base en el Artículo 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución General de la República.
