Destacando su perfil ciudadano y señalando los abusos que ha cometido la actual administración estatal morenista, el presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), Carlos Atilano Peña, se registró como precandidato a la gubernatura del estado por el PBC.
Es así que el también ex coordinador de campaña del actual alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, acudió a registrarse en las oficinas del PBC ubicadas en la capital del estado, y se une al listado de quienes buscan suceder en el cargo al morenista Jaime Bonilla Valdez a partir del 1 de noviembre.
Destacan entre los aspirantes, Marina del Pilar Ávila Olmeda por Morena; Jorge Hank Rhon por el PES; Alejandro Mungaray Lagarda por Movimiento Ciudadano, así como Victoria Bentley Duarte por Redes Sociales Progresistas.
“Nuestra candidatura obedece a presentar programas diferentes a los que históricamente nos presentan los partidos tradicionales, programas que surjan del ciudadano de a pie, que resiente los problemas como la gran inseguridad que se vive a lo largo y ancho del estado”.
“Inseguridad que se ha agravado con el arribo de Morena en el estado de Baja California, hoy por hoy Baja California ocupa los primeros lugares en incidencia delictiva en rubros tan delicados como el homicidio doloso, narcomenudeo, robo a casa-habitación y robo de vehículo”.
Tijuana ha superado los 2 mil homicidios desde que arribó Morena, no hay un programa específico para las mujeres, el feminicidio sigue siendo una triste realidad en Baja California, además la violación constante a la Constitución y al estado de derecho, desde la Ley Bonilla y la Ley Gandalla.
“Hasta el incremento salvaje e injustificado de impuestos, y la creación de unos nuevos en plena pandemia cuando los negocios sufrían las graves consecuencias y no hubo siquiera una ayuda del gobierno del estado, todo lo contrario, inventaron una licencia sanitaria de cerca de 30 mil pesos para su reapertura”.
Es decir, el estado no les dio siquiera un bote de gel para los negocios, al contrario, han cerrado miles de negocios a lo largo y ancho del estado con su consecuente pérdida de empleos, aseveró Atilano Peña.
“Todo porque tenemos un estado recaudador que se ha empecinado en sacar recursos de debajo de las piedras, nos aumentaron impuestos a hospedaje, a actividades culturales, deportivos, inventaron e invadieron esferas competenciales de la federación como la ley ambiental que pretende gravar los hidrocarburos”.
Expuso que hay un malestar generalizado de la población porque personas que históricamente pagaban 300 pesos por consumo de agua, hoy pagan 6 mil pesos, y si no pagan los recargos se les hace una bola de nieve y se vuelve impagable.