Por exceso de garantías, la cancelación de la planta fotovoltaica le generaría un compromiso al estado por 11 mil 800 millones de pesos con la empresa, lo que provocaría un serio daño al futuro de Baja California, manifestó el secretario de Hacienda del estado, Marco Moreno Mexía.
Cuestionado por el diputado local por Morena, Víctor Navarro durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del congreso local, el funcionario estatal refirió la planta licitada por la anterior administración estatal, que alimentaría de electricidad al Acueducto Río Colorado-Tijuana.
Explicó que el proyecto tiene un mecanismo de garantía de repago a la inversión a la empresa, por parte del estado, si no se ejecuta el proyecto, sin ninguna consideración de riesgo para la empresa.
“Es decir, si el proyecto se cancela, o no se ejecuta, los permisos del gobierno federal no están todavía, no se le han dado a la empresa para el proyecto, pero en ese sentido la empresa está protegida por una inversión que evidentemente no ha realizado”.
“El monto de los certificados de inversión a que me refiero son del orden de los 6 mil 500 millones de pesos ya firmados por la administración anterior que detonaría un compromiso de repago superior del orden de los 11 mil 800 millones de pesos”.
Estos certificados de inversión que obligan al repago de la inversión, a pesar de que no se tiene el proyecto en funcionamiento, fueron firmados en un periodo de tiempo en donde la administración anterior no tenía las facultades para asumir compromisos ni obligaciones futuras, tratándose del periodo de 90 días previos al cambio de administración.
“En ese sentido, nosotros estamos haciendo todo el análisis jurídico para que el proyecto no se ejecute, sin lesionar las finanzas públicas del estado, un impacto de 11 mil 800 millones de pesos, sería terrible para el futuro de Baja California, y desde luego, no lo vamos a permitir”.
Es el proyecto –en términos financieros- más importante del estado, el que genera lógicamente mayores factores de riesgo a las finanzas del estado, aseveró Moreno Mexía.
“El proyecto de la planta fotovoltaica es un proyecto que excede en su plazo, en condiciones normales, es un proyecto a 30 años, ese tipo de proyectos típicamente no son firmados por un plazo mayor a 10 o 15 años".
“El precio del proyecto es un precio elevado, la estructura de precios del proyecto es engañosa, el proyecto al ser de 30 años, los primeros 18 años con un costo elevado, un precio elevado, para la Comisión Estatal de Energía, y un precio muy reducido por los siguientes 12 años, entonces en términos de precios promedio aquí no funciona”.
Es decir, tiene un precio elevado en comparación de los precios que se pueden conseguir en el mercado, aseveró Moreno Mexía, además se establece que no se puede cambiar de suministrador en los primeros 18 años.
Otro punto que les inquieta son las garantías, ya que compromete el 19.5 % de las participaciones federales, que ya están constituidas en un fideicomiso de garantía a favor del proyecto, adicionalmente tiene de garantía el 67 % del impuesto sobre la nómina del estado, que es el ingreso propio más importante del estado.