Baja California descendió 3 lugares en lo que respecta al estudio “Índice de Estado de Derecho”, ubicándose en la posición 19 entre las 32 entidades del país, con respecto al realizado el año pasado por la organización internacional World Justice Project (WJP).
El delegado del gobierno federal en la entidad, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, culpa de este retroceso a la corrupción que existe en el Poder Judicial, por lo que urge a limpiarlo.
En el estudio del WJP coloca a Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes como las entidades con mayor Índice de Estado de Derecho con 0.49, 0.48 y 0.47 puntos, respectivamente, y en el sótano a Quintana Roo, Ciudad de México y a Guerrero, empatados con 0.36 puntos cada uno.
Ruiz Uribe opinó que esto no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo, sino que obedece a la corrupción que existe en el Judicial.
“Estimo que este tipo de estudios están llenos de subjetividades, yo sinceramente no siento ningún retroceso en la aplicación del estado de derecho, evidentemente somos un país que está en construcción de convertirnos en una democracia, en este gobierno del presidente López Obrador se ha avanzado muchísimo, pero nos falta todavía.
“Tenemos un Poder Judicial en todo el país que está absolutamente contaminado por la corrupción, y eso evidentemente puede afectar cualquier medición que se haga, pero es una batalla que tenemos que tener todos los mexicanos, para limpiar el Poder Judicial”.
Ruiz Uribe señaló que el Poder Judicial actúa como puerta giratoria cuando se mete a gente a la cárcel, ya que en la época del neoliberalismo, cuando había una democracia simulada, se independizaron los jueces.
“Pero esa independencia solamente sirvió para convertirse en un órgano absolutamente corrupto (el Poder Judicial), como no ocurría en otros tiempos, pero no es un tema del Ejecutivo, es un tema del Judicial”.
PREOCUPA A ALCALDESA
Por su parte, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, manifestó sentirse preocupada, ya que los integrantes de su gabinete tienen la instrucción de ejercer su labor respetando las leyes, aunque admitió que no es una tarea fácil.
Las razones por las que se complica el cumplimiento de la ley, tienen que ver con las malas costumbres, lo cual ocurre tanto en temas sencillos como el respetar el Reglamento de Tránsito y las diferentes normatividades municipales, sostuvo.
En una población como la Mexicali, la cual suma un millón de personas, agregó, se requiere de la aplicación de la ley, aunque algunas personas a veces las consideran absurdas.
“Es algo con lo que los gobiernos luchan, sí es cierto, más allá de las estadísticas, es un gran reto para todos los directores de las paramunicipales, del gobierno en sí, hacer que el ciudadano se sensibilice, de que las leyes y los reglamentos son para una mejor convivencia humana”.
Sobre el respeto al estado de derecho por parte de funcionarios municipales, Bustamante Martínez manifestó que la supervisión de ello es una responsabilidad de la Sindicatura Municipal, la cual consideró que está funcionando bien.
HAY RESPETO: CARPIO
El fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, aseguró que en Baja California se respeta el estado de derecho, ya que el propósito de esta institución es el hacerlo valer, así está en la ley.
Es por lo anterior que han sido tan efectivos en avanzar, fijar mejores prácticas y avances institucionales, incluso seguridad social, métodos de investigación.
La Fiscalía General del Estado de Baja California es la única en el país que atiende a los servidores públicos con exámenes psicológicos, para identificar posibles detonantes y evitar así una futura mala práctica que pueda afectar a la ciudadanía, expuso.
Revisarán este tipo de métricas, siempre están atentos a las opiniones o resoluciones de los organismos de derechos humanos, gubernamentales y civiles, aseveró Carpio Sánchez.
HAY DEUDA: ZÁIZAR
El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, Ángel Záizar Prado, mencionó que están viendo más denuncias, se está fomentando esta cultura, que se ve desde la violencia intrafamiliar o en contra de la mujer.
“Pero ya la aplicación del estado de derecho, sabemos que es una deuda que tiene el gobierno mexicano con la sociedad, una queja que tenemos es que no hay estado de derecho, no se aplica el estado de derecho, y al no aplicarse el estado de derecho, vamos a seguir cayendo”.
HAY PAUSA: VILLA
Antonio Villa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Mexicali, opinó que tal vez el retroceso no se debe precisamente a que no se están respetando los derechos, sino a que Baja California se ha estancado en la modernización de ciertos factores, en relación con otros estados.
“Hay algunas entidades que están muy pujantes en cuanto a actualización de sistemas, de respeto de los derechos humanos, todo esa situación de tramitología, y aquí en Baja California estamos viendo una pausa, tal vez sea por falta de presupuesto, y está afectando lógicamente ya que retrasa todo”.
Es decir, los empresarios están batallando debido a que no pueden actualizar su constancia de situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras en materia de impartición de justicia, hay un rezago enorme en los expedientes, aseveró el dirigente de los comerciantes. / Con información de MARIELA TAPIA y ANDREA JIMÉNEZ