La Coparmex de Mexicali insistió en que es incongruente que la Sindicatura Municipal, una instancia que está encargada de fiscalizar al Ayuntamiento de Mexicali, cuente con partidas para gasto social y que además no este obligada a transparentar sus gastos, después de que el Cabildo aprobara su desincorporación de la lista de sujetos obligados a hacerlo ante el Instituto de Transparencia.
Octavio Sandoval López, presidente del organismo, abundó que dicha acción que se concretó en febrero de 2021 y que fue legal, más no legítima, pues se contrapone ante otras leyes que están por encima del Reglamento Interior del Ayuntamiento, como lo es la Constitución del Estado, la ley de transparencia, la ley de Protección de Datos, la ley de fiscalización y la ley de régimen municipal, por lo que insistió en que la Sindicatura debe rendir cuentas a los ciudadanos.
“Se dio un retroceso en el Cabildo que no nos dimos cuenta, el sujeto obligado quien debe rendir cuentas en transparencia es, que se le configura en dos circunstancias, primero que la persona ejerza un acto de autoridad y segundo, que ejerza un gasto público, por esa condición ya se convierte en un sujeto obligado”.
Dijo que el Cabildo de aquel entonces, aprobó desincorporar a la Sindicatura de los sujetos obligados, lo cual está vigente desde la administración municipal pasada, por lo que consideró que sigue existiendo un conflicto de interés, ya que se está ejerciendo un gasto público y se tiene la posibilidad de asignarse mayores partidas para lo que se deseen los ediles.
“Si se construye por mayoría, (el acto) puede ser legal, más no legítimo, entonces la función de ejercer el gasto está contrapuesta con fiscalizar”.
Comentó que actualmente las autoridades municipales argumentan que no se tiene la obligación de transparentar estos gastos por el derecho a la protección de datos personales, pero aclaró que esto no es lo mismo que el derecho de acceso a la información, ya que a la hora de evaluar ambos derechos, se prioriza el derecho de acceso a la información.
“Entonces argumentar que protegen datos personales y por eso no dan la información es una aberración, porque el funcionario público al ejercer un cargo público, renuncia a sus datos personales”.
Los que reciben algún apoyo del erario también renuncia al derecho de protección de datos personales, mencionó, pues se trata de recursos que fueron recabados por concepto de impuestos, lo que lo hace una obligación de hacer pública la información de quien lo recibe.
“Ahí prevalece el principio de máxima publicidad por encima del principio de protección de datos personales”.
Respecto al posicionamiento que dieron los regidores del Partido Acción Nacional el pasado lunes, Sandoval opinó que deberían ser congruentes, que acepten que se aprobaron contar con más dinero para la partida de gasto social.
Dijo que a través del Consejo Coordinador Empresarial, buscarán crear un pacto con los ediles para que se sumen a ser más transparentes y que se garantice que la partida que se incrementaron para gasto social sea canalizada a la paramunicipal de Bienestar Social Municipal (Bisom).
