En comisiones fue aprobado el dictamen donde regidores rechazan el decreto 289, en el cual se realizan reformas a la ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, en el que se proyecta pasar la responsabilidad de suministrar el agua a los municipios, por lo que piden que el actual Poder legislativo revierta los efectos de dicho dictamen.

Con cuatro votos a favor la Comisión conjunta de Gobernación y Legislación y de Obras y Servicios Públicos aprobó dicha propuesta en la que además se pide la intervención de la XXXIV Legislatura, ya que consideran que la legislatura anterior violó la ley al no haberse considerado a los Ayuntamientos en dicho proceso.

El regidor panista Héctor Ibarra Calvo, puntualizó que lo que se solicita es que escuche a los Ayuntamientos, al considerar que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo invadieron su competencia constitucional en esa modificación a la ley que tiene un carácter municipal.

“No se escuchó al Ayuntamiento de Mexicali en una reforma o que podía beneficiar, según su visión, perjudicar según nuestra visión, o ser neutral, pero se tenía que escuchar al Ayuntamiento porque era una reforma municipalista”.

En general, en el dictamen se pide que se cite a los Ayuntamientos para conocer su opinión, pero también a cámaras empresariales y organismos empresariales para que opinen en dicho proceso legislativo.