Diversos jueces federales expusieron que la propuesta del Presidente de México para reformar al Poder Judicial de la Federación (PJF), tiene la finalidad de desmantelarlo y fusionarlo con el Legislativo y Ejecutivo, lo que es la antesala de una dictadura, con lo que los ciudadanos quedarán indefensos ante los actos de gobierno.

Fue la coincidencia entre la juez Tercero de Distrito en Baja California, María del Socorro López Villarreal; Óscar Molina Zavala, juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio; Martha Alicia Alanís Sánchez, juez Sexto de Distrito en Baja California, y Laura Isabel Guerrero Vara, juez segundo de Distrito de Mexicali.

Declararon que aunque Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en el Congreso de la Unión, para realizar las reformas a la Constitución que así lo requieran, confían en que los legisladores recapaciten y no lo permitan.

A un par de meses de que termine su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma al PJF, ya que considera que está alejado del pueblo y resulta demasiado oneroso.

La reforma contempla la reducción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de 11 a nueve y la duración de su cargo de 15 a 12 años; la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, nuevos órganos administrativos, regulación de los tiempos de los procesos jurídicos y acabar con la impunidad.

López Villarreal expresó que esta reforma al PJF les molesta, incomoda, agravia y les hace enojar, no por sus cargos, ya que no están casados con sus nombramientos, sino porque se trata de un agravio a toda la sociedad, a México.

“Es una tristeza cuando he escuchado a legisladores decir que la reforma pasa como la manda el jefe, la reforma va a pasar como la envíe la jefa, se va a hacer lo que la jefa diga, porque yo, lo único que veo es un servilismo de los legisladores del partido en el poder hacia el Ejecutivo, yo no veo ahí una división de poderes”.

Expuso que el PJF es el Poder incómodo, porque desde la designación como presidenta de la SCJN de la ministra Norma Piña, es el que ha resistido, y se trata de una mujer a la que admira mucho, ya que tiene una gran carrera judicial y no se ha tirado a los pies del Ejecutivo.

“El problema de esta reforma viene por ahí, que el Poder Judicial no se ha tendido a los pies del Ejecutivo, y no lo pensamos hacer, somos más de 1 mil 600 juzgadores en el país, y no pensamos rendirle honores al Ejecutivo.

“Pensamos hacer nuestro trabajo conforme a la Constitución, conforme a las leyes secundarias, conforme a los tratados internacionales se nos dice, así como la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Comentó que está segura que con esta reforma, el Ejecutivo y los legisladores de su Partido, no quieren impartir justicia, lo que quieren es cooptar al PJF a su mando, que sea sumiso, con lo que se perdería el tercer poder, y los tres poderes en manos del Ejecutivo, lleva al país a una dictadura.

Con lo anterior, no habría un contrapeso y los ciudadanos no tendrían con quien acudir ante los actos arbitrarios de autoridad, no habría quien los defendiera mediante los juicios de amparo, por lo que si le quitan autonomía, van a perder a México.

Guerrero Vara comentó que ellos son personas comprometidas con la justicia, para servirle al pueblo con alto nivel de patriotismo y están preocupados hacia dónde va el país.

Señaló que se está jugando la democracia, la división de Poderes, el tema de la elección de jueces y magistrados preocupa porque rompe con el principio de esa división y se va a convertir en una fusión.

Están destazando la democracia, división de poderes y la carrera judicial; ésta última es una forma adecuada de escoger jueces, va a demeritar la función judicial.

Van a desmotivar a los 55 mil trabajadores del PJF para seguirse preparando, lo que no va a sumar para que se imparta una justicia de mayor calidad, de excelencia, con profesionalismo.

Lo que va a pasar es que el oficial judicial, el actuario, el secretario, van a decir que no se van a preparar, no tomarán cursos, maestrías ni doctorados, mejor va a afiliarse a un partido, para que los propongan como jueces y magistrados.

Molina Zavala, juez de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio, en donde celebra las audiencias públicas, mencionó que la reforma también gira en torno a la liberación de personas, que considera el Ejecutivo que no debe de ser, porque los considera delincuentes.

El juez tiene que resolver con lo que le presenten las partes, ya que él no tiene acceso a la carpeta de investigación, todo es a petición del ministerio público, y si éste se equivoca, si es incompleto en sus argumentos y si la parte defensora hace valer lo suyo y pone en aprietos al fiscal, lo supera en argumentos y con convencimiento, apoyado con pruebas de que lo dicho por el fiscal está mal o está falseado, entonces el juez tiene que resolver en este plano horizontal, a quien darle la razón.

“No se libera a delincuentes a capricho, es porque actualmente a nivel nacional no existe investigación, lo único que se tiene son detenciones y con los dichos de los policías aprehensores es con lo que se llega a la audiencia de juicio, más el perito en química, el perito en balística, pero no hay más, no hay huellas dactilares, reconstrucción de escena, nada”.

Aparte, cuando la Guardia Nacional y el Ejército realizan detenciones y hallazgo de objetos de delitos, ¿qué hacen? Manipulan la escena, acomodan todo, las armas para la foto, eso compromete el éxito de una posible sentencia condenatoria a favor del estado.

Alanís Sánchez expuso que la verdadera justicia para el pueblo es la laboral. ¿Qué justicia va a haber para el pueblo cuando les llegan cientos de amparos de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, que están a cargo de los gobernadores de los estados?

Ha tenido la oportunidad de trabajar en varios estados del país, y la mayor parte de amparos indirectos, van en contra de la omisión de dictar laudos y la respuesta de los estados es que reconocen ese pendiente, pero no tienen recursos.

“La justicia laboral que se ha quedado en manos de la Junta está abandonada, porque se dedican esos recursos a repartirlos no sé dónde, y no me interesa dónde se reparten, pero sí me interesa la justicia laboral que es para el pueblo, esa sí es justicia social y se está descuidando”.