El gobernador Jaime Bonilla Valdez, así como la Fiscalía General del Estado (FGE), han politizado el tema de Anapromex, pero confían en que la corte le dará la razón, además, con los cateos, quedarán en ridículo como en el caso del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid.

Lo anterior lo manifestó el representante legal de Anapromex, Enrique Acosta Fregozo, al hacer referencia de los cateos que realizó la FGE a las oficinas de esta asociación en Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Lo anterior por violar la esfera de competencia del Instituto de Identidad Vehicular, conocido regularmente como Bonillapromex, ya que el estado realizará su propio censo de autos que circulan de manera irregular en el estado, y les venderá su propio engomado.

“Quiero comentar que en estos momentos, existe una suspensión provisional de un juez de Distrito, que establece que ningún dirigente de Anapromex puede ser detenido por el delito que establece esa reforma que hizo el gobierno de Baja California”.

En cuanto a los cateos que se realizaron, los aseguramientos que realizaron son provisionales, ya compareció el representante legal de Anapromex por las carpetas de investigación, han exhibido el amparo del juez de Distrito.

“Y hemos tenido una serie de contratiempos con la Fiscalía, puesto que en una actitud muy negativa y fuera de todo procedimiento, desde un principio se ha negado a entregarnos las tarjetas de investigación”.

Expuso que la FGE no ha accedido a la devolución de los inmuebles que aseguraron, puesto que son propiedad de terceros, además, de acuerdo a las actas de cateo, no encontraron ningún elemento de delito, por lo que en obediencia al mandato judicial, tienen que devolverlos de forma inmediata.

Ante esta cerrazón y actitud soberbia de la FGE, han acudido al juez de control, tanto en Mexicali como en Tijuana, para que este regule la actividad de la fiscalía.

El también ex candidato del PRI a la gubernatura del estado, comentó que producto de los cateos y las incautaciones, no hay ningún imputado, además, deberán devolver todo lo que incautaron como un CPU, tarjetas de afiliados, escritorio, y hasta el dinero en efectivo que se robaron.

Para esto, en Tijuana y Mexicali ni la FGE, ni el ministerio público han querido recibirlos, pero en el caso de Ensenada, está seguro que en esta semana, el juez de control declarará la nulidad de los cateos, y obligará al Ministerio Público a entregar los inmuebles.